En mayo de 2026 comenzó a gestarse en el Congreso Nacional un proyecto de ley que afecta al uso de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS). El texto ingresó a la Cámara de Diputados el 12 de mayo, según los datos disponibles en el Sistema de Información Legislativa del Paraguay (Silpy).

Su denominación original era explícita sobre su carácter asistencial: Proyecto de ley “por la que se declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) por desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en infraestructura edilicia, y fallas en ascensores del hospital central, facultando adquisiciones, obras y contratación de personal, así como compras directas, presentado por varios diputados”.

En una sesión extraordinaria, la Cámara Baja aprobó el texto con 56 votos a favor, 2 abstenciones y 22 ausentes.

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Un proyecto de cinco artículos

Ese proyecto inicial tenía apenas dos páginas y cinco artículos, con el objeto de declarar el estado de emergencia en el IPS por un plazo de 12 meses. Según se lee en la propuesta original, se facultaba adquisiciones directas y contratación de personal para paliar de urgencia el desabastecimiento de medicamentos esenciales, reparar la deteriorada infraestructura del Hospital Central y solucionar las fallas de sus ascensores.

Sin embargo, tras su ingreso al Senado el 2 de junio y tras un par de postergaciones, la iniciativa dio un giro llamativo. A pesar de que hasta cuatro comisiones del Senado aconsejaron inicialmente el rechazo de la propuesta, el plenario de la Cámara Alta terminó aprobando la iniciativa el 28 de agosto, pero introduciendo modificaciones de fondo.

¿Qué cambios introdujo el Senado?

El texto se infló de 5 a 20 artículos y se le dio una dirección completamente diferente. Los senadores incluso cambiaron el nombre del proyecto de ley a: “Que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social y establece un régimen extraordinario para el saneamiento financiero y la protección del Fondo de Enfermedad y Maternidad”.

Llamativamente, mientras que el proyecto de Diputados buscaba solucionar de urgencia los problemas edilicios y la compra de fármacos esenciales, el Senado eliminó esos aspectos del objeto de la emergencia para dar paso a un complejo “Régimen Extraordinario de Saneamiento Financiero”.

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Dicho régimen faculta al IPS a realizar operaciones de cesión de flujos por acreencias de aportes patronales, estructurar fiducias de garantía y emitir títulos de deuda respaldados por activos. Entre los cambios más llamativos, se introdujeron disposiciones a través de los Artículos 17 y 18, que al parecer podrían terminar beneficiando a Ueno, propiedad del Grupo Vázquez, de los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña.

IPS ya violó el tope de colocación

Para dimensionar el impacto, es necesario recordar que el IPS ya violó las normas de prudencia financiera y benefició a dicha entidad bancaria. La Ley N° 7235/2023 de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones establece de manera taxativa que los fondos totales de la previsional depositados en una sola entidad financiera no pueden superar el 10% del portafolio global administrado. Además de ese tope por institución financiera, también establece límites por tipo de activo: 55% para instrumentos bancarios y 25% para bonos.

Tomando en cuenta que el portafolio total de la previsional ascendía a unos G. 19,6 billones, el tope legal máximo por banco estaba fijado en unos G. 1,9 billones. Sin embargo, el IPS canalizó colocaciones en Ueno Bank que alcanzaron los G. 2,2 billones en noviembre de 2025, lo que representó ya entonces cerca del 11,41% del total. Esta sobreexposición por encima del tope legal de los fondos jubilatorios terminó siendo admitida formalmente por el IPS tras una aclaratoria regulatoria de la Superintendencia.

Es en este escenario donde los artículos agregados del Senado llaman aún más la atención y ponen la lupa sobre cómo se pretende utilizar los recursos de los jubilados de IPS.

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¿Por qué los artículos 17 y 18 beneficiarían a Ueno Bank?

El mecanismo ideado en la Cámara Alta podría terminar blanqueando las colocaciones anteriores que estuvieron por encima del tope y facilitando la inyección de más fondos previsionales en una misma entidad.

El Artículo 17: Al ordenar por ley que los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y los bonos de un mismo banco se computen “de manera separada e independiente”, el Artículo 17 del proyecto de ley de referencia legaliza formalmente la división contable que el IPS ya venía practicando de forma irregular. Al no sumarse de manera consolidada ambos instrumentos bajo un único tope del 10% por emisor, se le faculta técnicamente al IPS a mantener y colocar más fondos en una sola entidad (como Ueno Bank), ya que cada instrumento se mide de forma separada contra límites individuales en lugar de hacerlo contra el portafolio global unificado.El Artículo 18: Este apartado establece que —además de los límites de la Ley N° 7235/2023— se fije el patrimonio efectivo de cada entidad bancaria o financiera como el tope máximo de colocaciones para el Fondo de Jubilaciones del IPS. Eso, según referentes del sector consultados, podría debilitar la efectividad de dichos límites, lo que abriría la puerta a que se sigan fragmentando las colocaciones bajo diferentes figuras contables para sortear los techos de control.

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¿Un blindaje legislativo?

Este aparente blindaje legislativo que se está gestando en el Congreso Nacional coincide con la masiva captación de fondos del Estado por parte del banco del Grupo Vázquez.

Al cierre de julio último, Ueno Bank se consolidó como la entidad financiera privada que más recursos estatales ha captado en el Paraguay, al acumular más de G. 5,1 billones de depósitos públicos, equivalentes a unos US$ 862 millones al tipo de cambio de dicho mes.

De prosperar la versión modificada por el Senado en la Cámara Baja y de promulgarse la ley por el Poder Ejecutivo, el IPS contará con una herramienta legal para seguir colocando sus recursos por encima del tope que establece la ley de Superintendencia de Pensiones, es decir, por encima del límite de riesgo que se establece para proteger recursos de los jubilados.