En una audiencia preliminar realizada hoy ante el juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos N° 2, los fiscales Francisco Cabrera y Luz Guerrero se ratificaron en la acusación por extorsión y pedido de juicio oral y público para cinco camioneros denunciados el año pasado por el ministro del Interior Federico González.

La acusación está dirigida contra Ángel Zaracho, representante de la Federación de Camioneros del Paraguay; Roberto Almirón, líder de la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay; así como Juan Friedenlib, Julio César Solaeche y Vicente Medina fueron acusados por la supuesta comisión del hecho de extorsión, en calidad de coautores.

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Camioneros ofrecieron donar G. 15 millones para evitar juicio

Para evitar el juicio oral y público y poner un punto final al proceso penal, la defensa de Zaracho optó por solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, consistente en la donación de G. 15 millones a modo de reparación del daño social.

A su turno, los defensores de Almirón, Solaeche, Friedenlieb y Medina solicitaron idéntica salida procesal, con la donación de la misma suma de G. 15 millones cada uno, además del cumplimiento de reglas de conducta como comparecencia trimestral en tribunales, entre otras.

Consultado sobre la petición de la defensa, los fiscales Cabrera y Guerrero se rectificaron en su pedido y dieron su consentimiento para la aplicación del procedimiento abreviado, tras considerar la baja expectativa de pena prevista por la legistlación vigente para el caso.

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“Esta fiscalía considera viable la aplicación del procedimiento abreviado en razón de que se encuentra reunidos los presupuestos previsto en el Art. 420 del C.P.P. Asimismo, conforme al relato factico anteriormente fundamentado con las pruebas ofrecidas nos encontramos ante un hecho que reúne los presupuesto de tipicidad antijurídica irreprochabilidad y punibilidad por lo tanto la sanción de dos años a pena privativa de libertad se encuentra plenamente justificada con relación a la suspensión de la ejecución de la condena esta fiscalía también considera aplicable dicho instituto puesto que como ya se mencionó anteriormente la pena de dos años es la que se esperaría por la conducta desplegada por losmismos tomando en consideración el marco legal previsto para el hecho punible de extorsión”, argumentó Cabrera.

Tras escuchar a las partes, Delmás resolvió dar trámite de oposición al nuevo pedido de la Fiscalía y remitir el expediente al titular del MInisterio Público, a fin de que se ratifique o rectifique el citado requerimiento. Ahora, la Fiscalía General del Estado tiene la última palabra, pues si se ratifica en el pedido de procedimiento abreviado, el juez no tendrá otra alternativa que conceder esta salida procesal.

Ministro del Interior denunció a camioneros por extorsión

El proceso contra los cinco trabajadores del volante se inició luego de una denuncia presentada ante el Ministerio Público, por el propio ministro del Interior Federico González, el 11 de abril de 2022, quien había señalado a los intervinientes la comisión de un hecho de extorsión.

El ministro González había denunciado que los líderes de gremios de camioneros habían exigido, en principio, la suma de US$ 1.000.000 en efectivo a cambio de no realizar más cierres de rutas, en el contexto de las manifestaciones contra la suba del precio del combustible.

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De acuerdo con datos señalados en la acusación fiscal, a las 11:30 del 11 de abril de 2022, el ministro del Interior Federico González estuvo reunido con Roberto Almirón, Ángel Zaracho y Julio Solaeche, representantes del sector de trabajadores del volante. El objeto de la reunión fue buscar una solución en relación con el aumento del precio del combustible.

Durante la reunión Roberto Almirón, quien actuó como vocero del gremio, exigió al ministro Federico González la suma de US$ 1.000.000 a cambio de no volver a cortar el tránsito en las rutas hasta el final del actual Gobierno, ante la presencia de Zaracho y Solaeche, según la acusación.

Sin embargo, González les manifestó que el monto era muy alto e imposible de pagar, por lo que los choferes se vieron obligados a reducir la suma exigida a US$ 500.000, pero finalmente el pedido quedó en US$ 300.000.

El 13 de abril, Roberto Almirón fue hasta el despacho del ministro del Interior. Allí señaló que sus compañeros no iban a ir, por ende exigió que se le entregue el dinero a él. Ante el pedido, el titular de la cartera estatal hizo entrega de un sobre con US$ 50.000, con el que fue detenido Almirón poco después de abandonar la oficina, aún dentro de la sede ministerial.