La “urgencia” dejó de ser un recurso extraordinario para convertirse en la regla con la que las municipalidades evitan la competencia y ocultan la transparencia. Los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) evidencian que el 90% de las comunas recurrió de manera sistemática a las contrataciones por excepción en los últimos cinco años; el 33% de ellas concentró sus adjudicaciones directas entre 2025 y agosto de 2026.

Bajo la figura legal de la emergencia, diversos intendentes justificaron desde el arreglo de caminos y la perforación de pozos artesianos hasta la compra de equipos informáticos, la contratación de consultorías e incluso el financiamiento de centros de eventos, como el caso en Villa Oliva.

Mariano Roque Alonso lidera el listado de compras por excepción con G. 49.858 millones distribuidos en 8 contratos solo en lo que va del año. La intendenta Carolina Aranda (PLRA) -cuyo esposo, el diputado Marcelo Salinas, aspira a sucederla en el cargo- destinó G. 43.017 millones bajo este mecanismo para la adquisición de un inmueble destinado al alcantarillado sanitario.

Entes utilizan argumento de “urgencia” para festín de compras sin competencia

En segundo lugar se ubica San Lorenzo, administrada por el intendente Felipe Salomón (ANR, cartista) -quien busca la reelección-, la comuna destinó más de G. 8.163 millones entre 2025 y 2026 amparándose en la emergencia para reparaciones de escuelas, empedrados y arreglo de puentes.

En el siguiente cuadro adjunto se observa en detalle la cantidad de contratos por vía de la excepción entre 2025 y agosto de este año.