Las comparecencias en el Juzgado Local de Pequeña Criminalidad de Lisboa corresponden a los arrestados en las intervenciones policiales de los días 20 y 25 de octubre, investigados por presunta desobediencia al negarse a retirar las tiendas.

La Fiscalía ha dejado abierta la posibilidad de archivar las investigaciones a raíz de la sentencia del Tribunal Administrativo de Lisboa que reconoció a la activista Renata Cambra el derecho a permanecer con una tienda en la plaza de D. Pedro IV (popularmente conocida como Rossio y donde se ha establecido la acampada) hasta el 24 de noviembre.

El ministerio público considera que los fundamentos de esa resolución y la proporcionalidad de la actuación policial deben tenerse en cuenta, aunque todavía no consta una decisión definitiva de archivo en las informaciones consultadas.

En el frente político, Montenegro recibió este jueves por separado al secretario general del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, y al presidente del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, sin que los encuentros desembocaran en un pacto sobre vivienda.

Carneiro lamentó la "intransigencia" del Ejecutivo ante su propuesta de abandonar la reforma del arrendamiento en tramitación y elaborar una nueva ley desde cero.

También expresó su desacuerdo con el concepto gubernamental de alquiler moderado, que contempla rentas de hasta 2.300 euros mensuales, una cantidad cuya accesibilidad cuestionó.

Por su parte, Ventura entregó al primer ministro una lista de cincuenta medidas y reclamó resultados que alivien de inmediato los gastos de las familias.

El dirigente ultraderechista pidió la intervención del presidente de Portugal, António José Seguro, para facilitar un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas. Tras el encuentro quedaron previstas reuniones técnicas para evaluar sus propuestas.

El diálogo continuará con los demás partidos parlamentarios hoy y el próximo día 10, según el calendario anunciado por el Gobierno.

Mientras tanto, el movimiento Acampada de Lisboa rechazó la última propuesta del Ayuntamiento para trasladar el grueso de la protesta y permitir la celebración del mercado navideño del Rossio, cuya apertura está prevista para el 13 de noviembre.

El consistorio, presidido por Carlos Moedas, del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), planteó mantener únicamente una tienda simbólica de Cambra y desplazar a los demás participantes a otros lugares alejados del centro de la capital.

Los manifestantes respondieron que esa fórmula reduce una movilización colectiva a un gesto simbólico y cuestionaron por qué los emplazamientos alternativos no se ofrecen al mercado navideño.

Su posición fue respaldada en la asamblea del jueves. "La acampada no sale del Rossio", reiteraron en un comunicado, en el que también expresaron solidaridad con los pequeños comerciantes y trabajadores del mercado.

La sentencia que ha cambiado el escenario judicial protege la situación individual de Cambra y exige compatibilizar su protesta con otros usos de la plaza.

Sin embargo, no reconoce un derecho general a instalar un número indeterminado de tiendas ni resuelve la legalidad de la ocupación colectiva, una distinción relevante en el pulso entre el Ayuntamiento y los acampados.