Según publica el Conaderna, esta comisión del Senado tiene identificadas algunas empresas y su modus operandi para evadir impuestos a través de la subfacturación de productos como el cobre y aluminio.

Asimismo, detalla que estos metales son buscados principalmente por adictos a las drogas quienes roban cables y tapas de medidores de servicios.

“El 23 de abril próximo se prevé la presentación de una ley para regular la comercialización y acopio de estos metales”, mencionan.

Por su parte, el director de Gabinete de la Conaderna, Carlos Zelaya, indicó que mediante este proyecto de ley se busca “se busca frenar la evasión impositiva, el robo de cables, el contrabando de cobre y otros metales y también la protección ambiental”.

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Evasión de impuestos con metales

Conforme precisó Zalaya, hay datos sobre que algunas exportadoras de metales declaran facturaciones mucho menores a las que deberían ser, algo que genera una evasión y que el Estado recaude menos.

“Por ejemplo, una empresa detectada vende o exporta cobre a un precio irrisorio, a 143 dólares la tonelada, cuando el precio promedio del mercado oscila entre 7.500 a 7.700 dólares por tonelada. Ahí ya se produce una variación de precio abismal”, comentó.

Citó también que esta empresa exportó en 2024 un total de 4.467 toneladas de cobre a 143 dólares, por lo cual, fruto de esa transacción, recibió como divisa 639.899 dólares, cuando en realidad, según el precio promedio, debió haber recibido poco más de 30 millones de dólares.

“Estos 30 millones de dólares debieron entrar al país, es sobre eso lo que el Estado debe cobrar impuestos. Ahí tenemos una evasión tremenda para el Estado paraguayo”, alegó.

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El presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay, Carlos Mangadeira, dijo a que tras la reunión que tuvieron el año pasado con autoridades en Cámara de Senadores no hubo grandes avances con respecto al rubro del cobre, más allá de dos incautaciones en Pedro Juan Caballero.

Están esperanzados en que el proyecto de ley se apruebe para que exista una sanción a quienes comercialicen residuos metálicos en forma ilegal, especialmente en Pindoty, donde es “tierra de nadie”.

Lo único positivo que ocurrió, según contó Mangadeira a ABC Color, es que supieron de dos incautaciones importantes que realizó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en la ciudad de Pedro Juan Caballero, pero más allá de eso, no se tuvieron mejoras significativas en el contrabando, y sobre todo en la fuga impositiva de aproximadamente US$ 100 millones que se produce a consecuencia del contrabando del cobre y otros materiales reciclados.