"Los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania se llevaron a cabo de forma deliberada y en el marco de una política estatal (rusa) destinada a privar a la población civil de electricidad y otros servicios esenciales, así como a causarle sufrimiento", concluye el documento de la comisión.

Según la evaluación de la comisión, compuesta por tres expertos, los mandos rusos que ordenaron los ataques eran conscientes, por ejemplo, de que las instalaciones de calefacción a las que atacaban en grandes núcleos urbanos eran indispensables para la población civil, especialmente durante duros inviernos como el pasado, con temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero.

Para el informe, que este lunes se presenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas, se analizaron los testimonios de 255 personas que soportaron el invierno en esas difíciles condiciones en nueve provincias del país, incluyendo Kiev, Járkov, Odesa o Jersón.

También se subraya que la frecuencia, intensidad y extensión geográfica de las oleadas sistemáticas de ataques, en las que se emplean cientos de drones y misiles en cada ocasión, han aumentado con los años.

"Cuando se acercan los meses más fríos, los ataques se intensifican, presentando una preocupante amenaza para la vida y la salud de la población civil", subrayó Erik Mose, presidente de la comisión.

Los expertos citan entre las principales víctimas a los colectivos más vulnerables, desde personas mayores y con movilidad reducida a los niños, en un país donde la falta de energía ha obligado a muchas escuelas a permanecer cerradas o ha dejado sin calefacción a muchas familias.

El informe analiza por otra parte el fenómeno de los ciudadanos extranjeros que combaten en las fuerzas armadas rusas, y presenta pruebas de la existencia de redes de trata de personas que han reclutado a individuos procedentes de 29 países mediante engaños y coacción.

Agentes o agencias que operan en distintos países contactan con estas personas ofreciendo trabajo, tramitan sus visados y la documentación para entrar en Rusia, pero, una vez en ese país, se les obliga a firmar contratos en ruso, lengua que algunos no conocen, con el Ministerio de Defensa.

Numerosos de estos reclutas son enviados al frente ucraniano, donde se les asignan tareas peligrosas.

"Muchos han muerto, han desparecido o han sido capturados por las fuerzas ucranianas", denuncia el informe.