La comisión conjunta integrada por senadores y diputados se reúne desde las 10:00 en la sala de sesiones del Senado para tratar el segundo tema de la agenda programada por el órgano: el tráfico de armas. Para ello fueron convocados el ministro de Defensa Nacional, Gral. Ej. (R) Óscar González Cañete así como el director de Material Bélico (DIMABEL) General de División, Melanio Salomón Servín y el director general de asesoría y enlace parlamentario por las FF.AA. el General de División, Roberto Carlos Lesme, entre otras autoridades.

El ministro de Defensa pidió a la comisión que la reunión se mantenga de forma reservada para evitar perjudicar las investigaciones que realizan la Dimabel, el Ministerio Público u otra instancia de investigación. La reunión reservada se mantiene desde las 10:27.

Antes de tratar el tema del tráfico de armas, el senador expulsado del PLRA y aliado cartista, Dionisio Amarilla, exhibió una nota de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en el que señala que no pueden proveer la información del desglose por ONG de los montos que manejan, aunque sí el monto global.

Amarilla detalló que las ONG en el 2023 manejaron un ingreso bruto de G. 12.627.709.203.414, un monto de US$ 1.700 millones en el 2023, según el dato proveído por la DNIT. Amarilla prácticamente ordenó al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, que una vez promulgada la ley anti-ONG “se preocupe en reglamentar la misma” porque se habla de compras, contribuciones de IVA etc.

Cartistas y aliados sancionan ilegal ley “garrote” contra las ONG

El diputado Jatar “Oso” Fernández solo intervino para decir que “US$ 1.800 millones puedan ser usados o no para terrorismo de Estado, tienen que tener una transparencia. Nosotros no podemos dejar que esta cantidad de dinero sea utilizado sin transparencia porque eso es lo que nos deja a nosotros en un lugar de tener miedo de que esto se utilice para terrorismo de Estado. No hay problema que la plata venga, que se utilice bien, queremos saber nomas que pasa porque tenemos indicios de que hay una presión enorme con este dinero para desestabilizar nuestra democracia”, dijo durante su intervención.

El senador olvidó que ayer, su movimiento Honor Colorado, principal promotor del proyecto de ley anti-ONG, junto con sus aliados sancionaron el proyecto de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro, una normativa que se orienta a perseguir a las ONG enemigas del gobierno. La ley “garrote” fue considerada ayer por los opositores como una normativa “dictatorial” que apunta, en un siguiente paso, a restringir la libertad de prensa.

Tras la expulsión de la exsenadora Kattya González (PEN) de la Cámara de Senadores, también promovida por el cartismo y sus aliados, gremios de varios sectores, la comunidad internacional, al igual que la Iglesia Católica alertaron que la determinación ponía en riesgo el sistema democrático del país.