La comisión del Senado en reunión reservada convocó al ministro del Interior Enrique Riera, y a Jorge Ramón Román Vallejos, presidente de la Asociación Paraguaya de Poligrafía (APYP). La intención es aclarar las dudas de los senadores sobre el procedimiento y la falta de reglamentación de la norma para el uso del polígrafo.

El senador Rafael Filizzola (PDP) manifestó su preocupación por lo que considera una “manipulación” de los concursos para ascensos policiales, donde el uso del polígrafo habría dejado fuera incluso al mejor egresado de su promoción, mientras se benefician personas con antecedentes cuestionables.

“Con la historia del polígrafo estamos viendo que, oficialmente, hay un caso concreto: el mejor egresado quedó fuera, y sin embargo se promueven personas con verdaderos prontuarios. Esto genera sospechas de maniobras para favorecer a los amigos y perjudicar a los buenos”, expresó.

Filizzola sostuvo que los poligrafistas policiales no participan del proceso y que las máquinas utilizadas serían viejas y posiblemente obsoletas, sin constancia de actualización de software. Además, denunció que se estaría recurriendo a poligrafistas de origen militar, lo que calificó como “anormal”, dado que existen especialistas dentro de la institución policial.

“El polígrafo no puede ser determinante para un ascenso”

El legislador enfatizó que el polígrafo no es una prueba infalible y que ningún país del mundo lo considera determinante para el ascenso en fuerzas de seguridad.

“La prueba del polígrafo es una más entre muchas, pero en ningún caso puede ser vinculante. No puede decidir la suerte de una carrera policial”, explicó.

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Filizzola también cuestionó la falta de reglamentación legal y la opacidad del procedimiento, señalando que los resultados no se comunican al afectado y no existe un mecanismo de apelación o verificación.

“Desde el punto de vista constitucional es gravísimo. Hoy un suboficial militar tiene más poder para determinar la carrera de un policía que el propio Presidente de la República o el Senado”, advirtió.

Senado exige respuestas claras del ministro del Interior

El ministro Enrique Riera ya había sido citado por la comisión la semana pasada, pero no compareció, lo que motivó la suspensión de la sesión. “Ahora esperamos que Riera finalmente responda. Si no se aclaran las dudas, el Senado no debe tratar los ascensos”, afirmó Filizzola.

El senador adelantó que presentaron un extenso cuestionario al ministro, que incluye temas sobre la reglamentación del polígrafo, el estado de los equipos, la capacitación de los operadores y los procedimientos aplicados.

“Estamos ante un procedimiento opaco y sin control, donde se truncarían las carreras de oficiales brillantes, mientras se promueven a quienes tienen antecedentes. Es inaceptable y contrario al Estado de Derecho”, sentenció.

Chase minimiza la falta de reglamentación y habla de modificación

Por su parte, el senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista, sostuvo que, aunque la ley actual no está reglamentada, sigue vigente y debe aplicarse hasta que exista una modificación formal.

“La ley establece los requerimientos y no se puede cambiar lo que está en la ley, salvo que se modifique. No se puede aplicar en forma retroactiva”, aclaró.

Chase confirmó que se está trabajando en un proyecto de ley para modificar el artículo relacionado con el uso del polígrafo, que podría aplicarse “de aquí para adelante”, con criterios más claros y ajustados a las garantías constitucionales.

Tensión en aumento y riesgo de crisis institucional

La comisión prevé que la comparecencia de Riera y la APYP sea clave para definir el rumbo del conflicto. Filizzola advirtió que, si el Ministerio del Interior no aclara las irregularidades, el Senado no debe aprobar los ascensos.

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“Si se convalida esto, se está promoviendo a los peores y castigando a los mejores. Eso destruye la moral policial y pone en riesgo la seguridad del país”, dijo Filizzola

La reunión de este martes se perfila como un momento decisivo para esclarecer el uso del polígrafo en los ascensos policiales y determinar si se ajusta a la legalidad y a los principios de transparencia institucional.