La actual Defensora Pública de Paraguarí se está postulando para integrar la terna vacante para el Tribunal de Apelación en lo Penal, Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Paraguarí. Los miembros del Colegio de Abogados consideran un desacierto la conducta de los intendentes, quienes, solicitaron al Consejo de la Magistratura para que consideren un cargo en favor de la postulante Gaona Cabañas.

Los intendentes firmantes son: María Cristina Servín (ANR-Ybycuí), Aldo Lezcano (Alianza-Acahay), Gloria Caballero (Alianza-Quiindy), Néstor González (PLRA-Ybytymí), Sergio Galeano (ANR-La Colmena), Patricia Corvalán (ANR-Quyquyhó), Marcelo Simbrón (ANR-Paraguarí), Gustavo Penayo (ANR-Caapucú), Carlos Ledezma (ANR-María Antonia), María Cristina Espínola (ANR-Escobar), Javier Palacios (ANR-Tebicuarymí) y Emmanuel Morán (PRF- San Roque González).

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Los abogados cuestionan dicho pedido y señalan que no es la facultad ni atribución de los intendentes inmiscuirse en las decisiones que pueda tomar el Consejo de la Magistratura. Además, dicho acto se encuentra fuera de las facultades y atribuciones establecidas para los intendentes.

Consideran que es un acto de intromisión en asuntos de competencia del Consejo de la Magistratura, ya que pretenden realizar injerencias en los procesos de selección de las personas idóneas para los cargos públicos y en los concursos públicos de la administración de la justicia.

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Exhortan a las autoridades legalmente constituidas a la correcta observancia y a que se adecuen a los lineamientos normativos de los procesos selectivos, conforme a los recaudos y requerimientos legales. El presidente del Colegio de Abogados, Luis Recalde, explicó que no tienen nada en contra de la postulante, solo que quieren que el acceso a los cargos sea por méritos propios y no por injerencia de intendentes o de ningún político.

Al respecto, consultamos con la aspirante Gaona Cabañas, quien manifestó que ella no fue quien solicitó ese acompañamiento a los intendentes y que cualquier ciudadano tiene la facultad para peticionar. Considera que no es ninguna injerencia, porque las decisiones se toman en base a los resultados de conocimientos, el legajo del concursante y cumpliendo con los requisitos exigidos para el cargo vacante.