La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) emitió un comunicado denunciando la existencia de un “esquema de corrupción” que “distorsiona” el mercado frutihortícola y perjudica a la ciudadanía con precios más altos por los productos, luego de la destitución e imputación del titular del Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (Senave), Pastor Vera, por su presunta participación en un esquema de cobro de sobornos.

En su comunicado, la Capasu argumenta que el caso que involucra a Vera – destituido de su cargo la semana pasada – y a otras diez personas “revela una realidad que desde hace tiempo afecta directamente a los consumidores paraguayos y a la libre competencia: la existencia de un esquema de corrupción que opera como un cartel, distorsionando el mercado frutihortícola”.

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Esos actos de corrupción, por los cuales - según las denuncias – productores frutihortícolas se ven obligados a pagar coimas para que se autorice el paso de sus productos en cruces fronterizos, causan que “las familias paraguayas deban pagar más por productos básico”, añado el gremio de supermercadistas.

Reforma del sistema de acreditaciones fitosanitarias

La Capasu denuncia que los mecanismos de autorización para la importación de productos frutihortícolas “han sido utilizados no para garantizar la sanidad ni el orden del comercio, sino para beneficiar a intereses particulares mediante coimas y restricciones arbitrarias que limitan el ingreso legal de productos”.

El gremio argumenta que el modelo de gestión vigente para la importación de frutas y verduras – basado en el sistema de Acreditación Fitosanitaria para Productos Vegetales de Importación (AFIDI) - debe ser reformado “integralmente”.

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“No puede haber desarrollo económico ni bienestar social si el acceso a alimentos frescos y de calidad está condicionado por prácticas extorsivas”.

Denuncias de cobro de coimas

La semana pasada, el Ministerio Público imputó al titular del Senave, Pastor Vera, al exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas y a otras nueve personas, entre ellas varios funcionarios y exfuncionarios del Senave, por su supuesta participación en un esquema de cobro de coimas a productores frutihortícolas.

La imputación se basa en denuncias de productores quienes afirman que sufrían demoras injustificadas en la frontera para la expedición de certificados fitosanitarios y que funcionarios les solicitaban sobornos para agilizar el trámite.

Según las denuncias, en años anteriores las coimas eran de entre 5 y 10 millones de guaraníes por cada expedición de certificado fitosanitario, cuyo costo normal es de poco más de 17.000 guaraníes.

De acuerdo a los denunciantes, la suma escaló a 25 millones de guaraníes durante la administración de Soria. La fiscal asignada al caso, Yeymi Adle, comentó hoy a ABC Cardinal que un solo importador llegó a pagar 80 millones de guaraníes para conseguir varias acreditaciones.