El FSN destacó que el "clima de ambigüedad y secretismo" por parte de las autoridades estatales sobre la salud de los octogenarios, con dolencias crónicas previas, y la prohibición de visitarlos "alimentan los rumores y aumentan la ansiedad y los temores de sus familiares".

Ghanuchi, expresidente del Parlamento y destacado líder del movimiento islamista Ennahda -que forma parte del FSN-, fue trasladado de urgencia a un hospital a finales del pasado abril por una "crisis de salud", pero no trascendió en qué momento volvió a prisión.

Su hija Sumaya Ghanuchi explicó en un vídeo publicado en redes la semana pasada que había tenido otro ingreso hospitalario posterior por un desmayo y pérdida de conocimiento, sin revelar la fecha, y que desde entonces la familia no tiene conocimiento de su paradero.

La nueva crisis de Ghanuchi -preso desde abril de 2023- se produjo, según sus abogados, por el "estrés severo causado por el aumento récord de las temperaturas dentro de la celda "sin refrigeración o aire acondicionado", que osciló entre 45 y 50 grados en las últimas semanas, con el país sumido en una ola de calor sin precedentes.

No obstante, ni los abogados ni la familia -aseguró la hija- pudieron visitarlo en el centro sanitario, ya que "se les impidió entrar, y la administración del hospital no proporcionó ninguna actualización sobre su estado".

Tampoco existe información sobre la salud de Chebbi, encarcelado en diciembre de 2025, aunque según el FSN "los rumores de su mal estado son constantes, lo que genera gran intranquilidad a sus familiares".

Ghanuchi y Chebbi fueron condenados por el caso conocido como 'Complot contra la seguridad del Estado', un proceso que numerosas organizaciones nacionales e internacionales -como Amnistía Internacional o Human Rights Watch- califican de estrategia del Gobierno de Kais Said para eliminar opositores y voces críticas.

El FSN subrayó que la seguridad de los "presos políticos" es responsabilidad "legal y moral del Estado", por lo que "cualquier incumplimiento de este deber y ocultamiento de su estado de salud constituye una grave violación de los derechos humanos, las leyes nacionales y los convenios internacionales".