La entrega vigilada estuvo a cargo de agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, Regional Alto Paraná, acompañados por la fiscal Claudelina Corvalán, en el marco de una investigación por los supuestos hechos punibles de extorsión, apropiación y tráfico de influencias.

El procedimiento fiscal tuvo su origen en una denuncia presentada el 31 de agosto pasado ante la sospecha de que el hombre habría solicitado y recibido dinero de manera reiterada desde noviembre de 2025, a cambio de supuestas gestiones para favorecer a un familiar de la denunciante, procesado por violencia familiar y recluido en prisión.

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Según la denuncia, el investigado, identificado como José Claro Escurra Acosta (65 años), alegaba contar con contactos e influencia en el Ministerio Público y el Poder Judicial para obtener una medida favorable.

De acuerdo con la investigación, los desembolsos realizados hasta el momento totalizarían G. 60 millones. La víctima habría entregado dinero en reiteradas ocasiones e incluso vendido su vivienda para afrontar los pagos.

El sospechoso mencionaba a una funcionaria fiscal como supuesta intermediaria para concretar las gestiones ofrecidas, hasta que esta tomó conocimiento de que su nombre estaba siendo utilizado y puso el hecho en conocimiento del Ministerio Público.

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Para concretar la entrega vigilada, la víctima acordó entregar G. 1 millón al investigado. El dinero fue previamente fotocopiado y autenticado por la actuaria judicial, conforme a la autorización concedida por el Juzgado Penal de Garantías de Atención Permanente.

La diligencia fue registrada audiovisualmente y durante el operativo se incautó el dinero utilizado en la entrega vigilada. Posteriormente, y en cumplimiento de una orden judicial, se allanó la vivienda del detenido, donde fue incautado un aparato celular.

Los elementos incautados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público y serán sometidos a pericias y demás diligencias necesarias para el avance de la investigación.