La senadora Kattya González (PEN) dijo que quieren conocer la opinión del contralor general de la República, Camilo Benítez, sobre la media sanción del proyecto de ley que modifica la ley de conflicto de intereses que limita la cantidad de parientes de autoridades que deben declarar sus bienes ante la Contraloría.

González mencionó que en principio, con la ley vigente, tenían tiempo de presentar sus declaraciones juradas y la de sus familiares, hasta el 13 de octubre, pero que los senadores y diputados solicitaron una prórroga de 30 días, ante la media sanción de Diputados.

“Nosotros pedimos en la comisión de Legislación dos cosas al contralor: 1. que se expida de manera clara, dé su opinión sobre la media sanción en Diputados y 2. y si según su criterio hay otra normativa que se tiene que modificar o cada vez que se nos ocurre vamos a tener que tocar una ley que todavía no se implementó”, dijo González.

La senadora indicó que quieren conocer el criterio del contralor sobre las normativas, si cree que los cambios a la ley son invasivos, incumplibles o pueden generar alguna dispensa.

Mencionó que los parlamentarios señalan que no tienen información de su cuñada o de parientes lejanos o no tiene contacto. “¿Cómo hacemos para hacer una resalva si desconozco los datos de un pariente?” se preguntó la senadora.

El proyecto básicamente plantea que autoridades no declaren vínculos con posible “conflicto de interés” con sus padres, hermanos, cuñados y primos, etc.

Senado prepara el terreno para tratar cambios a ley de conflicto de intereses

Según el proyecto con media sanción de la Cámara Diputados, se pretende excluir de la obligación de declarar vínculos de posible conflicto de interés a los parientes “hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas a tutela o curatela”.

Esto implica, por ejemplo, que podrían tomar decisiones desde el Estado que favorezcan a padres, hermanos, nietos, suegros, yernos, nueras y cuñados, abriendo la posibilidad de que estos sean utilizados como “prestanombres”.

Un caso reciente de este tipo de conflicto de interés se dio con el caso del subsidio de combustibles a través de Petropar para vender combustible más barato que las empresas privadas, que fue aprobado por ley pese a que entre los beneficiarios estaban varios políticos dueños de estaciones de servicio, a través de sí mismos o de sus familiares directos.