Desde la Capro, si bien expresaron su preocupación ante la medida de cerrar los 263 locales de Biggie por orden del Presidente de la República, Santiago Peña, ya que la misma podría llegar a ser desproporcionada, rechazaron la presencia de productos vencidos, pidiendo que las empresas refuercen los mecanismos de control.

“Respaldamos plenamente los controles sanitarios y coincidimos en que la salud pública debe ser siempre la máxima prioridad. Rechazamos la presencia de productos vencidos y consideramos necesario que las empresas extremen sus mecanismos de control para evitar que esto ocurra”, sostienen.

Por otro lado, creen que la medida también podría afectar a cientos de trabajadores, proveedores y en la economía local.

“Vemos con preocupación que la medida adoptada de cerrar de manera total y simultánea toda la cadena pueda resultar desproporcionada en relación con los hallazgos, ya que impacta directamente en cientos de trabajadores, proveedores y en la economía local. Instamos a que se busquen alternativas que garanticen la seguridad alimentaria sin generar un perjuicio generalizado a quienes dependen de esta actividad”, aseveran.

Peña ordena cierre temporal de cadena Biggie como vendetta

En otra parte del comunicado, desde la Capro piden al gobierno extender medidas para el control a los vendedores informales, quienes se encuentran principalmente en la vía pública.

“Solicitamos al Gobierno que extienda estos controles también a los locales de venta en la vía pública y a los comercios ilegales, de modo que todos los puntos de expendio, sin importar su ubicación o formalidad, sean objeto de las mismas exigencias y verificaciones sanitarias, en resguardo de la salud de los consumidores”, expresan.

También consideran fundamental velar por las empresas que invierten en el mercado nacional, generando empleo y desarrollo económico.

“Subrayamos que la cadena mencionada ha contribuido de manera significativa a la inversión, el empleo y el crecimiento del país. La Capro reitera su compromiso con la calidad de los productos, la salud de los consumidores, la protección de los comercios formales y el desarrollo de un comercio responsable y sostenible”, concluye el documento.