Durante décadas, el aparato estatal chileno operó bajo una inercia de almacenamiento indefinido o bajas prematuras de bienes muebles, como escritorios, sillas y computadoras, que aún eran funcionales. Para romper este ciclo de ineficiencia patrimonial se desarrolló la plataforma tecnológica “ChileCompra”, que establece la reutilización como el primer filtro obligatorio antes de que cualquier entidad pública proceda con una nueva adquisición.

Este enfoque distingue a Chile de otras regiones del mundo, por ejemplo, en Europa, la circularidad se aplica mayoritariamente a través de programas sectoriales o subnacionales, mientras que, en Asia, países como Corea del Sur y Japón, centran el foco de sus iniciativas en las “compras verdes” y las certificaciones ambientales.

Por su parte, en América del Norte, Canadá establece que la reutilización es complementaria, pero no obligatoria dentro del proceso de compra.

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Chile, en cambio, institucionalizó este mecanismo de manera transversal y obligatoria, lo que permite que las instituciones públicas transfieran bienes en desuso a otros organismos que los necesiten, para maximizar el valor público de cada activo.

Este avance supone un cambio relevante en la forma en que el Estado administra sus recursos, al pasar de una lógica centrada únicamente en la adquisición de suministros hacia un esquema más eficiente de gestión del patrimonio público. La posibilidad de identificar y reutilizar activos existentes contribuye a mejorar la planificación institucional, optimizar el uso de los recursos y reforzar los criterios de responsabilidad fiscal.

Al mismo tiempo, este enfoque introduce nuevas prácticas de gobernanza que podrían servir como referencia para la modernización de los sistemas de compras públicas en otros países de la región.

La implementación de este ecosistema, amparado en la Ley Nº 21.634 de modernización de las compras públicas, ya presenta resultados concretos. Hasta la fecha, se registraron ahorros directos superiores a US$ 1,1 millones, recursos que el Estado puede redireccionar hacia otras prioridades programáticas.

Es importante mencionar que este ahorro es especialmente relevante si se considera que las compras públicas representan el 5,3% del producto interno bruto (PIB) de Chile.

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Al consolidar la reutilización como norma, se reduce el gasto corriente y se alivia la presión sobre la liquidez de las agencias estatales al sustituir la compra de productos nuevos por el aprovechamiento de existencias internas.

A su vez, la herramienta del modelo chileno contribuye a la disminución de los costos asociados al almacenamiento y a la disposición de activos en desuso, al tiempo que libera espacios y simplifica procesos administrativos. Una mayor visibilidad sobre las existencias también favorece una planificación más ordenada del gasto, evita compras duplicadas y mejora la asignación de recursos en el mediano plazo. Este enfoque, además, se alinea con las tendencias de modernización y sostenibilidad de la gestión pública, al prolongar la vida útil de los bienes y reducir la necesidad de adquirir nuevos productos.

En Paraguay, el marco normativo contempla elementos que podrían facilitar avances en esta dirección.

La Ley Nº 7.021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas incorpora la sostenibilidad económica, social y ambiental entre sus principios y habilita el desarrollo de compras públicas sostenibles bajo conceptos como economía circular y valor por dinero.

Además, la normativa establece que la programación de las adquisiciones debe considerar la revisión de los inventarios existentes, un punto que podría servir de base para profundizar mecanismos de reutilización de bienes dentro del Estado.

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Finalmente, el futuro apunta hacia la integración de bienes compartidos entre organismos públicos, lo que aumentará aún más el potencial de escala y eficiencia de este modelo.

Chile demuestra que la sostenibilidad no es solo una meta ambiental, sino un motor fundamental para la responsabilidad fiscal y la modernización operativa del Estado.

* Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones.