La evidencia digital recuperada preliminarmente del celular de Yecika Bracho tras el acuerdo de conciliación firmado con el empresario Christian Chena revela inéditos detalles sobre la sincronización y logística detrás de uno de los nodos descubiertos en el marco de “La Red Desinformante”.

Estos chats involucran directamente a la agencia de comunicación digital Azafrán SA, asociada en esos tiempos con la agencia Prana SA y donde la actual viceministra de comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino era directora digital y contraparte operativa.

Los hallazgos suman nuevas aristas a la investigación documentada de ataques contra periodistas y críticos al actual gobierno de Santiago Peña y develada desde abril pasado.

Las documentaciones muestran, de forma cronológica, las directrices que Bracho recibía, además de los equipos técnicos usados para triangular operaciones e instalar una estructura que se expandió notablemente entre 2022 hasta este año.

Primera compra llamativa

En un chat del 4 de julio de 2022, el funcionario de Azafrán llamado Sergio Omar Masero Ruiz le advirtió a Yecika, quien fungía de administradora local de la empresa a través del estudio jurídico donde trabajaba, que iba a estar llegando un teléfono celular a la oficina y que debía recibirlo.

Este suceso ocurrió “llamativamente” en la misma fecha de creación en Facebook de las páginas Sucia Política y Paraguay Elige, ambos integrantes pioneras de La Red Desinformante.

Cuando la administradora consultó si debía entregárselo a su jefe, el abogado Gabriel Boero, Masero le ordenó custodiarlo en la oficina de manera confidencial. “Sí, guardalo en el estudio, no me dijeron para qué lo necesitan”, dijo. Al día siguiente, se confirmó su recepción, según consta en los mensajes.

Días después, el socio accionista de la agencia, José Ignacio García, inició una campaña de presión hacia los funcionarios del estudio para comprar varias tarjetas SIM con suma urgencia.

El 12 de julio de 2022, García le remitió un audio apremiante a Yecika Bracho diciendo que estaría necesitando comprar, “si se puede, 4 o 5 SIM de celular de cualquier línea... lo antes posible”.

Ante las dudas, Bracho escribió a su jefe Boero, quien le contestó que se usarían para campañas de marketing y que, además, pedían nuevas tarjetas de crédito a nombre de una nueva empresa creada bajo el nombre de Investing Group SA.

¿Quiénes estaban detrás de las identidades?

Los chats adjuntos al celular, actualmente bajo custodia y peritaje, confirman que el 22 de julio de 2022 las líneas ya habían sido adquiridas.

Ese día, García volvió a escribir a Yecika pidiendo si podían “ver lo de las SIM del celular de Diego por favor”. Yecika insertó el chip en el celular nuevo que había recibido y poco después recibió un PIN de Meta que Yecika le reenvió.

Minutos después, repitieron la operatoria con el chip de “Julian”, registrando otro PIN ligado a Meta.

En esta fecha, lo más llamativo es una segunda coincidencia con la página Sucia Política, ligada también a Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, exresponsable de redes sociales del presidente Santiago Peña.

Según Meta, la primera “declaración de responsabilidad” presentada por Sucia Política ante Facebook se hizo el 25 de julio de 2022, solo tres días después de la verificación y por un tal Diego Ricardo Ramírez, mismo nombre ligado a la verificación tramitada.

Los SIM incriminadores

El 27 de enero de 2023, el operador de Azafrán, Sergio Omar Masero Ruiz, apuró de forma imprevista la compra de dos nuevas tarjetas SIM prepago. Sin embargo, los gestores habituales se plantaron.

El gestor del estudio contable, Eduardo Grimaldi, quien ya acumulaba cinco líneas registradas a su nombre, se negó a firmar nuevas solicitudes por temor legal.

Ante los bloqueos internos, los directivos de Azafrán recurrieron a incentivos y presiones laborales.

Su jefe directo, Gabriel Boero, le escribió por WhatsApp a Yecika diciéndole: “Maceyro (Masero) me hablo por las líneas. Me dice que al que saque las líneas le pagan 50 usd. Querés sacarlas vos?”.

Ante la situación, Yecika accedió diciéndole que lo sacaba a su nombre. Las líneas obtenidas fueron la finalizada en 828, utilizada luego en Despierta Paraguay, otra terminada en 860, usada luego para Paraguay Elige.

Fue así que el lunes 30 de enero de 2023, a pocos meses de las elecciones generales, García coordinó la activación remota del segundo chip, el 0971324860 ante la plataforma de anuncios de Meta (Facebook e Instagram).

A las 14 horas de ese día García le escribió a Bracho pidiéndole que coloquen el chip en el celular que se le había dado. Yecika insertó la tarjeta con terminación 860 y respondió de inmediato confirmando el número.

Minutos después, García le advirtió a su administradora en Paraguay que la plataforma de Meta realizaría una validación automatizada, por lo cual recibiría una llamada y le pasarían un código que debía facilitárselo posteriormente.

La operativa con los chips continuó en marzo, a un mes de las elecciones, cuando García le consulta si tiene los nuevos chips que “compraron hace poco”.

Yecika le confirmó que sí y, tras esto, García le dijo que la contactaría una persona de nombre “Luna” para avanzar con la activación.

Ya el abril de ese año, el primer número registrado a nombre de Bracho (0971259828) se utilizó para una “declaración de responsabilidad” a nombre de Despierta Paraguay,

Operativa siguió con Peña

Las cuentas y activaciones con estas líneas continuaron incluso tras la asunción de Santiago Peña.

Por ejemplo, Paraguay Elige activó su cuenta publicitaria recién el 1 de febrero de 2024, principalmente para publicitar anuncios del gobierno como novedades sobre Hambre Cero y “publinotas” de las gestiones realizadas por ministros del gabinete presidencial.

Piden protección para Yecika

La abogada Cecilia Pérez Rivas, representante legal de Hugo Portillo, reclamó que la Fiscalía cite a declarar a la ciudadana venezolana Yecika Magle Bracho Atacho en el marco de la investigación sobre el caso denominado “La Red Desinformante”.

La abogada consideró que los datos que Bracho pueda proporcionar complementarían las diligencias ya iniciadas por el Ministerio Público y permitirían profundizar en las eventuales responsabilidades detrás de la estructura.

Asimismo, insistió en la necesidad de que la mujer reciba medidas de protección. Pérez recordó que Bracho cuenta con estatus de refugiada en Paraguay, condición otorgada por la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

Según argumentó, esta situación agrega un componente político al caso, especialmente por las versiones que apuntan a posibles nexos entre la estructura investigada y sectores vinculados al Gobierno.

“Hay que proteger a esa persona y la información que pueda otorgar; además, debe incluirse formalmente en la investigación de la Fiscalía”, insistió.

Pérez añadió que existiría un riesgo para la testigo debido a que manejaría información relacionada con personas presuntamente ligadas al oficialismo y con un eventual uso de dinero público para financiar campañas de desinformación y hostigamiento digital.

La abogada también comparó el caso en cuestión con investigaciones en curso a nivel internacional vinculadas al consultor político argentino Fernando Cerimedo y dijo que existen muchas similitudes en los mecanismos de operación y difusión de contenidos digitales.

Pericia del celular será clave

La abogada Alejandra Peralta Merlo habló sobre el acuerdo al cual se llegó con Yecika Bracho y expresó que tiene mucha confianza respecto a los resultados que puede arrojar la pericia informática de su teléfono celular.

“Parece una película de terror donde existen varios villanos, esto va a traer mucha cola”, manifestó.

Peralta Merlo rechazó las insinuaciones hechas por partidarios del Gobierno de que los ataques a medios y personas críticas son “casos aislados” y dijo estar comprometida a “demostrar que esto forma parte de toda una red creada para desinformar, amedrentar, difundir noticias falsas, atacar a comunicadores y medios críticos, y personas que denuncian hechos de corrupción”.

La abogada habló de la gravedad de la posibilidad de que esa campaña de ataques y desinformación haya sido financiada con dinero público.

“La desinformación ataca el derecho ciudadano de acceder a una información veraz. Esto no robustece la democracia, la convierte en una dictadura solapada”, declaró la jurista en ABC Cardinal ayer.

Finalmente, Peralta Merlo también hizo énfasis en que el Estado paraguayo es responsable directo de la seguridad física de Yecika Bracho luego de las revelaciones que facilitó.

MAÑANA: Las huellas de la maquinaria