Chambers, en prisión desde su detención en la isla española de Ibiza el 10 de julio, se opuso este viernes a su entrega a Estados Unidos, donde está reclamado por delitos de blanqueo, posible financiación a la organización terrorista Hamás y por participar en una protesta contra una empresa israelí, en la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional española.

"No entiendo por qué he estado en prisión desde julio, podría asumir haber participado en episodios que han causado disturbios, pero (...) se ha construido una narrativa de haber participado en una actividad terrorista", lamentó el filántropo, y resaltó que nunca tuvo contacto con una organización terrorista ni lo financió.

La Fiscalía española, sin embargo, considera que se dan los requisitos para acceder a la extradición. Con respecto a si la actividad por la que se le reclama tiene carácter terrorista, señaló que serán las autoridades estadounidenses quienes diluciden ese aspecto.

El fiscal Juan Hernández Villalba rebatió los intentos de Chambers y de su defensa de "minimizar" los hechos por los que se pide su entrega y dijo que la reclamación los enmarca en un "contexto de violencia".

Según la documentación aportada por las autoridades estadounidenses, en las protestas en la empresa israelí, por las que los acusados fueron condenados a unos 60 días de prisión y por las que a Chambers se le piden 5 años de cárcel, se produjeron incendios y situaciones de riesgo que llevaron a los vigilantes a desenfundar sus armas.

En el caso de que se aceptase la alegación de la defensa de que la traducción no fue del todo correcta con respecto a ciertos términos, prosiguió el fiscal, como el de los incendios, carece de importancia porque es indudable que se produjeron "daños significativos y una situación de riesgo para terceros".

Chambers, por su parte, reconoció haber participado en esa protesta pero solo admitió haberse encadenado a la puerta para obstaculizar el paso y negó haber realizado ningún tipo de acción violenta ni causar incendios.

Durante su declaración, dijo que procede de una familia que creó su fortuna con negocios de todo tipo y que él decidió vender la totalidad de sus acciones en 2023, dinero que destinó a labores de solidaridad con el pueblo palestino y otras causas.

Para ello, creó una fundación con otras personas con las que decidía el destino de sus donaciones para lo que hacían un proceso de verificación para asegurarse de que las entidades con las que colaboraban no estaban en ninguna lista de organizaciones sancionadas en Estados Unidos.

"Éramos conscientes de que nuestras actividades podían ser sometidas a persecución política y de que muchas veces nuestras posturas entraban en conflicto con el Gobierno de Estados Unidos", aseguró.

Su defensa señaló también que las diez transferencias por las que se pide su extradición fueron destinadas a entidades que no habían sido sancionadas y, por tanto, no eran para financiar a grupos terroristas o a Hamás.

Chambers abandonó la sala visiblemente emocionado tras lamentar no poder estar en libertad para poder haber ido al funeral de su abuela o acompañar a su mujer embarazada, que está previsto que dé a luz en marzo.

Ahora el tribunal español deberá decidir si accede a la entrega, decisión contra la que cabe recurso ante el pleno de la Sala de lo Penal.

De acordarse finalmente, el Gobierno español tiene la última palabra y podría negarse a ejecutarla, y también podría paralizar la extradición la petición de asilo que presentó.