CGR eleva a Fiscalía informes sobre subsidio de transporte y aeropuerto
Este martes, la Contraloría remitió a Fiscalía una serie de reportes sobre indicios de ...
Este martes, la Contraloría remitió a Fiscalía una serie de reportes sobre indicios de hechos punibles detectados en el pago del subsidio a empresas concesionarias del transporte público de pasajeros y también en las obras del espigón norte del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
El ente de control, encabezado por Camilo Benítez Aldana, detectó varias irregularidades y posibles daños patrimoniales millonarios en el MOPC y la Dinac, de acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso ABC Color.
Empresas no rindieron cuentasEl reporte habla sobre varias irregularidades cometidas en el pago del subsidio a empresas concesionarias del servicio de transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Asunción.
Sobre este punto en particular, la CGR señala que se evidenció que durante el ejercicio fiscal 2021, las rendiciones de cuentas presentadas por las empresas de transporte beneficiarias del subsidio para el transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción estaban incompletas, debido a que los documentos de respaldo presentados no correspondían a la totalidad de los costos incluidos en las Planillas de Cálculo para el Costo de la Tarifa para el Transporte Público de Pasajeros.
En concreto, las empresas no remitieron el respaldo documental de todos los costos incluidos en las planillas de cálculo para el costo de la Tarifa. “Situación que imposibilitó verificar que los costos incluidos en la tarifa técnica fueron efectivamente utilizados por dichas empresas beneficiarias”, continúa el documento.
Licencias vencidas, igual cobraronAdemás, el ente denunció que se otorgaron subsidios durante el periodo de enero a marzo de 2021, por un monto total de ₲ 677.092.350, a empresas que operaron con Resoluciones de Explotación del Servicio de Transporte Público vencidas.
También se detectó que entre abril y julio de 2021, el Estado entregó más de G. 26.671 millones a empresas que no contaban con la cantidad de dos conductores por vehículo integrante en su parque automotor.
Estos dos puntos corresponden a abiertas violaciones a disposiciones legales, por lo que incluso se recomendó la realización de auditorías forenses para elevar reportes de indicios de hechos punibles ante el Ministerio Público.
Otro punto también fue la diferencia en la cantidad de buses entre el parque automotor autorizado y el parque motor aprobado de varias empresas del transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción.
El parque automotor autorizado es la cantidad de buses autorizados a la empresa por la resolución de explotación, mientras que el aprobado es el que cuenta con la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en un tiempo determinado.
Otro punto, particularmente grave, es que el MOPC modificó la modalidad de cálculo para el pago de subsidio, a partir de noviembre de 2021, a través de la resolución 2575. Esta modalidad estaba establecida en el Decreto 5658 de julio de ese año.
Dinac pagó por algo que no recibióEn el caso de la Dinac, la Contraloría ya había alertado sobre la detección de una serie de irregularidades tanto en las obras del Espigón Norte del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (AISP) como también en el Aeropuerto Internacional Guaraní (AIG).
La CGR detectó que la firma Avalon SA, vinculada a Omar Jaén Bohorques, no entregó todos los equipamientos y trabajos que debía haber realizado en el AIG.
Jaen Bohorques estuvo ligado a pagos de sobornos a autoridades de la Dinac años atrás. Lo que quedó incluso registrado ante una escribana.
Avalon fue adjudicada en la licitación “Adquisición de Ayudas Visuales para el AIG”. Este proceso fue cuestionado varias veces en publicaciones de ABC y la CGR confirmó una serie de irregularidades.
El ente de control señala que “se constató la certificación y pago de cantidades de obra diferentes a las realmente ejecutadas”. Es decir, la Dinac pagó por equipos que directamente no recibió o que recibió en menores cantidades de lo que se había establecido.
Los amigos del viceEl informe también hace referencia a las obras de ampliación del AISP, en Luque. Esta obra está a cargo de la firma Estructura Ingeniería SA (EISA), propiedad de Alberto Palumbo, amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
La firma EISA también formó varios consorcios con la superproveedora sancionada Engineering SA.
Una verificación in situ de la Contraloría reveló que la Dinac autorizó pagos y certificó obras que supuestamente ya habían sido entregadas en su totalidad pero que estaban lejos de ser terminadas.
Por ejemplo, en un sector del nuevo espigón del Silvio Pettirossi se encontró un pabellón sin cielo raso, artefactos eléctricos y zócalo. Sin embargo, en los documentos hicieron figurar que esa misma zona ya había sido totalmente terminadas.
Entre ambas obras, CGR estima un daño patrimonial superior a los G. 5.500 millones.
