El informe de análisis técnico de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Gobernación corresponde a los ejercicios fiscales 2023 y 2024, a través de la Resolución N.º 592, del 02/07/2024, de la CGR, por la que se aprueba el Plan General de Auditorías.

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Esta auditoría a la administración del gobernador Arturo Méndez se realiza en base a una denuncia presentada por los concejales Juan Ortiz y Jorge Medina, ambos colorados del sector cartista, correligionarios del mismo movimiento político al que pertenece el jefe departamental.

Se evidenció que la Gobernación omitió la implementación de las tarjetas magnéticas para la provisión y distribución de combustibles y lubricantes durante el ejercicio 2023, lo que impidió garantizar la trazabilidad de las cargas y el uso eficiente de los recursos públicos. En esta primera irregularidad no se habla de monto alguno.

Se constató, además, que durante el ejercicio fiscal 2023 no se disponía íntegramente de los documentos respaldatorios en el uso de combustibles por un monto de G. 507.264.650 y fondos de Royalties por G. 114.659.310.

Otra de las irregularidades descubiertas, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, hace referencia a aportes a instituciones sin fines de lucro y ONG, sin que se realizara el debido control sobre los legajos de rendición de cuentas de los beneficiarios. El monto supera los G. 1.200 millones.

Ya en el ejercicio fiscal 2024, la Contraloría volvió a evidenciar la falta de implementación de las tarjetas magnéticas para la provisión de combustibles y lubricantes. Una vez más, no se habla de cifras en esta investigación.

La administración del gobernador Méndez realizó pagos en concepto de combustibles con recursos genuinos por un monto de G. 1.533.730.417, los cuales carecen de la totalidad de los documentos exigidos por la normativa vigente, lo que configura una irregularidad administrativa.

También en este periodo se constató el pago de G. 219.500.000 en concepto de aportes a instituciones sin fines de lucro, evidenciándose la ausencia de controles debido a la falta de documentos exigidos.

Otra de las supuestas irregularidades que se menciona hace relación al pago de G. 88.197.000 como subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado, constatándose que no contaban con la totalidad de los documentos exigidos.

Esta administración departamental incurrió en una deficiente supervisión y gestión contractual al permitir la ejecución de pavimento de hormigón armado en la localidad de Bahía Negra fuera del plazo establecido, con un retraso de 243 días, omitiendo tanto la exigencia de una ampliación formal de plazos mediante adenda justificada. El monto de la obra es de G. 3.842.950.000.

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Otra de las construcciones donde el ente contralor detectó falencias es en la reparación edilicia de la sede de la Gobernación y residencia del Ejecutivo, por un monto de G. 1.200.000.000, donde se evidenció la falta de documentos esenciales en los legajos de rendición de cuentas, concretamente el acta de inicio y recepción definitiva de las obras.

Luego de que se diera publicidad al informe de la CGR, la Gobernación del Alto Paraguay emitió un comunicado oficial, en el que sostiene que la administración del gobernador Arturo Méndez tomó conocimiento por medio de publicaciones periodísticas sobre “un supuesto informe de auditoría practicada a esta administración”.

Sigue diciendo el comunicado que, a la fecha, no se ha recibido oficialmente ningún informe de la Contraloría General de la República sobre esta Gobernación, ni resultados de supuestas auditorías.

Finalmente, refiere que una vez que se reciba oficialmente este informe, se realizarán los procesos necesarios para responder de acuerdo con las observaciones que pueda mencionar la Contraloría.