“Se constató que el IPS, durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025, consintió la ejecución de servicios al margen de la vigencia de sus respectivos contratos, procediendo luego a cancelar dichas obligaciones por un monto total de G. 104.226.022.773, mediante el Objeto del Gasto 915 ‘Gastos Judiciales’, incluyendo pagos respecto de dos proveedores que fueron efectuados sin contar previamente con la correspondiente homologación del acuerdo extrajudicial, en contravención a lo establecido en los artículos 1º y 2º de las Leyes 2051/03 ‘De Contrataciones Públicas’ y 7021/22 ‘De Suministro y Contrataciones Públicas’, respectivamente, y en las disposiciones establecidas en las leyes de Presupuesto General de la Nación 7228/23 y 7408/24, para los ejercicios fiscales 2024 y 2025, respectivamente” (sic). Esta fue la contundente conclusión a la que arribó la Contraloría General de la República (CGR) tras la auditoría de cumplimiento realizada en la previsional.

El ente de control señaló que esta situación evidenció la utilización sistemática de procedimientos excepcionales para la regularización de obligaciones derivadas de servicios ejecutados fuera de la vigencia contractual, eludiendo así la aplicación del régimen ordinario de contrataciones previsto para la ejecución y pago a proveedores.

El periodo analizado por los auditores corresponde a la presidencia del imputado Jorge Brítez y a la etapa en que se desempeñaba como director jurídico José “José’i” González Maldonado, investigado por la fiscalía.

Entre los pagos efectuados utilizando esta maniobra figuran la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, limpieza e higienización, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos hospitalarios en todo el territorio nacional, además de la provisión de alimentos a pacientes y funcionarios de hospitales regionales y unidades sanitarias del interior del país, y los servicios tercerizados de ambulancia para los asegurados.

Según el informe detallado de la CGR, la previsional ejecutó de forma recurrente contratos de servicios públicos ya vencidos, lo que posteriormente derivó en la suscripción de acuerdos extrajudiciales y en la posterior imputación de los pagos al Objeto del Gasto 915, correspondiente a “Gastos Judiciales”.

El hallazgo más grave detectado por la Contraloría –incluso tras analizar el descargo presentado por el IPS– es que, de los G. 104.226 millones (alrededor de US$ 17,3 millones) analizados, más de G. 1.688 millones se desembolsaron sin que existiera una homologación ni una sentencia judicial que respaldara el trámite. Se trata de los pagos por la contratación de servicios médicos tercerizados para el Chaco Central y la contratación de servicios de auditoría externa para la propia institución.

En el primer caso, los des- embolsos beneficiaron a la Asociación Civil Chortitzer Komitee, a la Asociación Civil Mennonita Colonia Fernheim y a la Asociación Colonia Neuland Chaco. En el segundo ítem, el pago fue dirigido a la empresa Audicon-Auditores, Contadores & Consultores, cuyos socios principales son el exministro de Turismo, Jacinto Santamaría, y su esposa, la exviceministra de Tributación durante el gobierno de Horacio Cartes, Marta González.

A partir de esta severa observación, la Contraloría recomendó al IPS adoptar de inmediato las medidas administrativas y de control necesarias para garantizar que tanto la ejecución de los servicios contratados como sus correspondientes pagos se realicen estrictamente dentro del periodo de vigencia de los contratos. Asimismo, instó a la administración de la previsional a abstenerse de recurrir a mecanismos excepcionales o de regularización fáctica de obligaciones, asegurando que cualquier erogación se encuadre de forma rigurosa dentro del régimen ordinario previsto en la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas.

Por último, exigió impulsar una investigación interna a efectos de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a los involucrados.