El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) advirtió ante el propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) que el pago de aguinaldos a los trabajadores del sector está en riesgo debido a una deuda acumulada del Gobierno, por subsidios y compensaciones, que —según el gremio empresarial— ya supera los US$ 10 millones.

La advertencia fue hecha mediante una nota formal remitida a la ministra Mónica Recalde de Giacomi y acompañada por reclamos directos al Viceministerio de Transporte (VMT), responsable de los desembolsos.

El gremio señala que el atraso en el pago de los subsidios correspondientes a octubre y noviembre de este año, así como en las compensaciones tarifarias atrasadas del 2024 y del primer semestre del 2025, está generando una situación crítica que podría impedir el cumplimiento de las obligaciones salariales de fin de año.

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“Está en riesgo el aguinaldo de miles de familias”

En la nota dirigida a la ministra, Cetrapam afirmó que la mora administrativa “afecta directamente la normal operación del servicio” y, de manera aún más delicada, “pone en riesgo el cumplimiento del pago de aguinaldos a los trabajadores”, lo que genera incertidumbre en miles de familias que dependen de este ingreso legal.

Ante esta situación, el gremio solicitó que el Ministerio convoque, con carácter urgente, a una mesa conjunta entre las empresas transportistas y los sindicatos de trabajadores para evaluar alternativas que eviten un conflicto laboral en plena temporada de fin de año.

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César Ruiz: “La deuda total es de US$ 10 millones”

Consultado sobre el alcance de los atrasos, el portavoz de Cetrapam, César Ruiz, manifestó que la deuda en concepto de subsidios corresponde a octubre y noviembre y que siguen pendientes las compensaciones de tarifa del 2024. Indicó que tampoco se abonaron las compensaciones correspondientes al primer semestre del 2025.

La deuda total ronda los US$ 10 millones, según Ruiz. Sobre la parte específica correspondiente a compensaciones, señaló que la pendiente del 2024 es de aproximadamente US$ 1,5 millones, mientras que el resto corresponde al subsidio mensual en mora.

Por qué se deben pagar las compensaciones

D acuerdo con los datos, las compensaciones se generan porque los resultados de la Tarifa Técnica del pasaje del 2024 registraron montos superiores a la tarifa promedio que utilizó el Viceministerio de Transporte al momento de realizar los desembolsos.

Según un decreto del ejecutivo establece que se debe pagar mensualmente a cada empresa el 100% de la tarifa promedio percibida en el semestre anterior. Esa transferencia se hace antes de conocer el costo real del servicio. Una vez calculada la Tarifa Técnica, el Estado debe compensar si pagó de menos o recuperar si pagó de más.

Sin embargo, el Viceministerio —a cargo de Emiliano Fernández— mantiene bajo reserva los cálculos de las últimas tarifas técnicas. Pese a que ABC solicitó en reiteradas ocasiones desde noviembre las explicaciones oficiales sobre las compensaciones, la institución no ofreció transparencia ni información pública sobre cómo fueron determinados los valores. Fernández mantiene un silencio a nuestras solicitudes de entrevistas.

Pago de subsidio a transportistas creció 568% en cinco años, pero el servicio sigue siendo pésimo

Mientras tanto, los usuarios siguen pagando el costo del pésimo servicio

Mientras empresas y el Gobierno se disputan por deudas millonarias, el servicio de transporte público continúa generando un profundo malestar ciudadano. En los últimos cinco años, el subsidio estatal destinado a sostener el sistema aumentó 568%, sin que eso se traduzca en mejoras significativas para los pasajeros.

Solo en 2024, el Estado desembolsó G. 347.408 millones, pero las denuncias por mal estado de los buses, frecuencias irregulares, reguladas constantes, maltrato por parte de conductores, y esperas interminables, siguen siendo parte de la rutina diaria de miles de los usuarios.

El fuerte incremento de recursos, combinado con la falta de controles y la casi inexistente fiscalización del VMT, alimenta una creciente indignación ciudadana. Organizaciones de usuarios insisten en que el modelo actual solo beneficia a las empresas sin garantizar un servicio básico y digno.