La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) se pronunció de manera firme ante la crisis generada por la intervención de Ueno Bank.

Bajo el lema bíblico “He visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor”, los obispos expresaron su solidaridad con los miles de trabajadores, jubilados y pequeños emprendedores que quedaron sin acceso a sus recursos monetarios, salarios y ahorros de toda la vida.

En un comunicado de cuatro puntos principales, la cúpula de la Iglesia Católica paraguaya cuestionó que existieron advertencias que no fueron escuchadas a tiempo e hizo un llamado urgente a los distintos poderes del Estado e instituciones públicas para actuar con celeridad y ética.

Como primer reclamo, los obispos solicitaron que jubilados, trabajadores, pequeños ahorristas y emprendedores recuperen su dinero de forma inmediata y sin trámites innecesarios, haciendo un énfasis especial en la atención a los adultos mayores.

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Asimismo, la CEP exigió transparencia total al Gobierno sobre el volumen de recursos públicos depositados en la entidad intervenida: “Que se informe con claridad cuánto dinero del IPS y del Estado estaba en este banco y cómo se va a proteger, con participación de las partes interesadas. Ese dinero es del pueblo”, reza el pronunciamiento oficial.

En el ámbito penal e institucional, el episcopado instó al Congreso Nacional, a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP) a llevar adelante una investigación exhaustiva.

En ese sentido, remarcaron que las indagatorias se realicen “sin importar cargos ni cercanías al poder”, exigiendo sanciones severas según la ley y la reparación integral del daño causado.

Paralelamente, instaron a la sociedad a mantenerse atenta y fiscalizadora ante las resoluciones de las autoridades para garantizar que la verdad salga a luz, subrayando que la corrupción y la impunidad no pueden prevalecer en el país.

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Finalmente, la Conferencia Episcopal instó a las parroquias a brindar asistencia y acompañamiento en las gestiones a las personas damnificadas. De igual forma, emitieron una recomendación de seguridad preventiva pidiendo a los ciudadanos no entregar sus claves ni datos confidenciales a terceros que prometan gestionar la recuperación de su dinero.