A través de un comunicado, la Asociación de Productores Agrícolas San Francisco (APASF) manifestó su apoyo “total y categórico” al trabajo de los fiscales intervinientes en un caso que afecta a propietarios de inmuebles del Alto Paraná, especialmente del distrito de Itakyry, quienes habrían sido víctimas de un esquema de transferencia irregular de propiedades rurales.

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Según la investigación, el esquema tendría como principal responsable a Nivaldo Ouriques Kestring (51), conocido como el “rey de las estafas del campo”, y su hijo Willian Ouriques Rolín (28).

La APASF pidió a lo fiscales llevar la investigación “hasta sus últimas consecuencias”, identificando a todos los involucrados y aplicando el peso de la ley sin privilegios. Asimismo, instó al Poder Judicial a actuar con firmeza e independencia para evitar la impunidad.

En un pronunciamiento similar, la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Alto Paraná, también respaldó la labor fiscal. En este caso, el comunicado señala como principal sospechoso a Nivaldo Ouriques Kestring. Asimismo, piden una investigación seria para identificar la participación de funcionarios públicos, escribanos y abogados.

La organización instó además a empresas y entidades financieras del sector agrícola a no brindar apoyo ni financiamiento a grupos vinculados a estas actividades ilícitas.

Los agentes fiscales Fidel Godoy Florentín y Zunilda Ocampos Marín imputaron a Nivaldo Ouriques Kestring (51) y a su hijo Willian Ouriques Rolín (28) por los presuntos delitos de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de ambos, considerando la gravedad de los hechos, el peligro de fuga y la posibilidad de obstrucción de la investigación.

De acuerdo con la imputación, los procesados habrían conformado una asociación criminal para fraguar instrumentos públicos con el fin de transferir irregularmente tres inmuebles rurales de 19, 139 y 283 hectáreas, ubicados en la colonia Aguapé, distrito de Itakyry, en perjuicio de Inversiones Agrícolas SA. Las transferencias se habrían registrado en tiempo récord en la Dirección General de los Registros Públicos y los bienes habrían sido puestos a nombre de un tercero que actuaría como prestanombre.

El esquema habría permitido la explotación ilegal de las tierras a través de las firmas Agropecuaria Orión SA y ANR SA, pese a que el contrato de arrendamiento con la propietaria legítima ya se encontraba vencido.

En el marco de la causa, el 2 de febrero de 2026 se realizó un allanamiento en los inmuebles, ocasión en la que se concretó la detención de los imputados. Durante el procedimiento se incautaron celulares, anotaciones de cultivos, maquinaria agrícola, vehículos de carga y dinero en efectivo.

La defensa de los imputados cuestionó la prisión preventiva dictada en primera instancia y presentó un recurso ante la Cámara de Apelación, argumentando que la medida carece de fundamentación suficiente. Según el planteamiento de la defensa, la jueza penal de Garantías de Itakyry, Jorgelina Melgarejo, habría decretado la prisión sin un análisis concreto de los presupuestos legales exigidos.

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La Cámara de Apelaciones deberá resolver si los imputados continúan o no en prisión preventiva mientras avanza la investigación fiscal, cuyo plazo fue fijado en seis meses.