Hoy los abogados de la querella en el caso que investiga a Eugenio Sanabria Vierci por el accidente fatal en el que fallecieron Darío Jaquet, su esposa Kristin María Blumenröther, el hijo de 2 años de ambos y Nancy Angeluz Chena Vallejos (55), presentaron un urgimiento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se trate una acción de inconstitucionalidad contra una resolución que excluyó al padre de la víctima de la querella, Severiano Jaquet.

En junio de este año, los miembros del Tribunal de Apelación Penal de Cordillera, Carlos Cabriza, Mirta Granado y Segundo Ibarra decidieron excluir al padre de Darío Jaquet bajo el argumento planteado por la defensa de Eugenio Sanabria Vierci, para lo cual aplicaron las reglas de la herencia para distribuir el patrimonio en una sucesión.

Para el abogado Carlos Trapani, abogado que representa a la familia de la víctima fatal, esta resolución es violatoria del debido proceso, de la seguridad jurídica y así también de la garantía de tener decisiones razonadas.

“El tribunal utilizó un fundamento jurídico que es completamente descabellado, casi que hay que taparse la nariz para poder leerlo y mañana se cumplen seis meses desde que se presentó esa acción de inconstitucionalidad y todavía no ha habido pronunciamiento”, sostuvo.

Caso Sanabria Vierci: a un año del accidente, familiares de víctimas siguen esperando justicia

Sanabria Vierci y el accidente fatal

El abogado agregó que si bien conocen la sobrecarga de casos que recibe la Sala Constitucional de la Corte, recordó que en este caso se habla de violación de derechos fundamentales, además de jugarse el derecho que tienen las personas que han sufrido directa e indirectamente por el fatal accidente de tránsito, a participar en el proceso penal y pedir justicia.

“Este es un caso que toca una fibra muy sensible del sistema de justicia y le pedimos que tengan especial consideración, y pueda haber pronto un pronunciamiento al respecto”, indicó.

El tribunal de apelación tomó la decisión de excluir a Severiano Jaquet pese a que una de las juezas que participó del proceso lo incluyó antes de que se presente la moción de la defensa de Sanabria Vierci ante al tribunal de apelación.

En ese sentido, Trapani cuestionó que en muchos casos ministros, funcionarios, personas jubiladas presentan inconstitucionalidades para volver a ser ministros, en un tiempo relativamente corto obtienen una medida cautelar y se le admite su acción de inconstitucionalidad.

“En este caso lo que yo diría es, estamos hablando de los derechos principales, los derechos más delicados que podrían ejercerse, que tienen que ver con reclamarle al Estado atención frente a la comisión de delitos, son derechos de víctimas y sí, verdad, es mucho tiempo, seis meses para nosotros que haya pasado sin tener ni siquiera una decisión respecto a la admisión”, criticó.

Caso Sanabria Vierci: familia analiza acudir a instancias internacionales

Aplicación privilegiada de la ley

Trapani también recordó que en este caso se vio la aplicación privilegiada de la ley a lo largo del proceso.

“Apenas sucede el fatal hecho, fallecen cuatro personas, el señor Sanabria Vierci mata cuatro personas y ¿qué sucedió ahí?, el juzgado decidió que a resulta de lo que diga su médico privado, él iba a comparecer ante el juzgado. O sea, el médico privado iba informando de su estado para ver cuándo él iba a estar listo para estar al frente de la justicia”, señaló.

Otro hecho llamativo fue que cuando la prisión preventiva de Sanabria Vierci fue decretada en la cárcel de Emboscada por la jueza, casi inmediatamente de oficio, sin que medie pedido de parte y por providencia a través de una resolución de trámite, no a través de una decisión judicial con razonamiento, la magistrada decidió enviarlo a la Agrupación Especializada.

“La Agrupación Especializada, como todos sabemos, un centro de reclusión destinado a policías que en varios informes, por ejemplo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el órgano de monitoreo del sistema penitenciario le llamó la atención al sistema penitenciario diciendo, ‘oigan, la Agrupación Especializada está funcionando como una especie de hotel para los civiles que están recluidos y este es un lugar para policías”, rememoró el abogado.

Estos hechos evidencian para el abogado que se aplica la ley en una cancha desnivelada en todo el proceso y enfatizó en que bajo la misma doctrina se excluyó a la familia de Rodrigo Quintana del proceso que investigó su asesinato a manos de un agente de la Policía Nacional durante el atropello a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).