La decisión de la jueza de Garantías Alicia Pedrozo, que el pasado 2 de setiembre elevó a juicio oral y público la causa penal contra Dany Durand Espínola y otros ex directivos de Mocipar, por presunta estafa y asociación criminal; fue confirmada por el Tribunal de Apelación Cuarta Sala de la Capital.

La resolución adoptada por los camaristas Arnulfo Arias, Arnaldo Fleitas y Adriana Giagni es también con relación a los acusados Luz Marina González de Durand, Fernando Román Fernández, Diana Britos de Román, Favio Britos y María Espínola Durand.

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Esta es la tercera causa penal en la que exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Édgar Durand afrontará juicio oral por el supuesto esquema de estafa a través de Mocipar, según la acusación sostenida por los fiscales Hernán Galeano, Julio Ortiz, Silvio Alegre y Julio Paredes, encargados de la investigación.

La presente causa penal inició con la denuncia presentada por 31 clientes del Grupo Mocipar, quienes señalaron que entre el 2006 e inicios del 2020 fueron víctimas del esquema de estafa que arrancó con el ofrecimiento para la adquisición de bienes como vehículos, inmuebles y electrodomésticos, a precios accesibles, en el programa “Domingo en Familia”, que era transmitido por televisión y estaba a cargo del propio Dany Durand.

Las acusaciones, tanto del Ministerio Público como las querellas adhesivas, detallan que los representantes de Mocipar se comprometieron a la entrega de vehículos en perfecto estado, viviendas o construcción de las mismas y a suministrar electrodomésticos, sin embargo, luego de haber pagado durante años las cuotas y haber cumplido con lo establecido por los directivos de la empresa, los clientes no recibieron nada como contraprestación.

El perjuicio patrimonial que sufrieron las 31 víctimas del esquema de estafa presuntamente implementado por la firma Mocipar, es de G. 665.004.000, de acuerdo con los informes remitidos por la Sindicatura de Quiebras a la Fiscalía.

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Sobre el punto las acusaciones resaltan que los representantes de Mocipar, ahora acusados, no tenían la capacidad económica para cumplir con los compromisos asumidos, por no disponer de la cantidad de bienes comprometidos con los clientes, circunstancia que según los fiscales de la causa, se acredita con la gran cantidad de casos ingresados ante la Oficina de Denuncias del Ministerio Público.