Con la lectura de la acusación por parte del fiscal Silvio Corbeta, se inició finalmente la audiencia preliminar a la renunciante intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (AN-HC), y otros acusados presuntamente vinculados al desvío de G. 1.109 millones durante la gestión del entonces intendente Esteban Samaniego, quien ahora es diputado cartista y, debido a sus fueros, frena su proceso.

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El fiscal Corbeta indicó que el dinero desviado de la comuna se utilizó para refaccionar la residencia de la pareja del cartista y para que eso se concretara la madre del parlamentario Blanca Álvarez tuvo una participación relevante.

“Es importante la participación de Blanca Álvarez, viuda de Samaniego, ya que sin esta contribución, no hubiera sido posible la construcción de la residencia del matrimonio de su hijo Esteban Samaniego y Patricia Corvalán, mediante el desvío de fondos municipales”, sostuvo el fiscal.

Agregó que Blanca Álvarez fue la encargada de presentar, como titular del terreno donde se construyó la vivienda, los planos ante la Municipalidad de Asunción y pagó las tasas e impuestos.

La audiencia preliminar continuará mañana y el miércoles 29 de agosto para que asistan todos los once acusados en esta causa. Para llegar a la audiencia el juez tuvo que sancionar a los abogados defensores y ordenar el arresto domiciliario con tobilleras electrónicas para seis de los acusados.

En el marco de la causa, también están acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Manuel Olazar y Andrés Alfredo Arrúa Brítez. Este último es un empresario constructor, amigo del diputado Esteban Sanamiego, que acaparó las ejecuciones de las obras municipales durante la gestión de Patricia Corvalán.

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Asimismo, están acusados por administración en provecho propio y asociación criminal: Enrique Lovera Lezcano, Guido Vargas Gaete, Carlos Bareiro Bogarín, Ruth Medina Yegros (actual candidata a intendenta de Quyquyhó por la ANR), Líder Ramírez Ramírez y Pedro Ettiene Villanueva.

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Además, por asociación criminal fueron acusados: Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, y por administración en provecho propio, fueron acusados: Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.