Los fiscales Luis Piñánez y Silvio Corbeta solicitaron que la justicia rechace los recursos planteados por los acusados en la causa “Esteban Samaniego/lesión de confianza” contra la decisión que dispuso la elevación a juicio oral de la exintendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del cuestionado diputado cartista Esteban Samaniego, y otros acusados por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio.

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Los agentes anticorrupción contestaron también las excepciones de inconstitucionalidad promovidas por la intendenta renunciante Patricia Corvalán y el empresario Andrés Arrúa Brítez, indicando que no reúnen los requisitos legales.

En el caso de Arrúa, quien es socio de la empresa que llamativamente gana todas las adjudicaciones en la Municipalidad de Quyquyhó, sostuvieron que el planteamiento fue presentado de manera extemporánea.

El Ministerio Público también solicitó rechazar las apelaciones de Corvalán, Arrúa Brítez y de los acusados Enrique Javier Lovera Lezcano y Manuel Olazar Duarte, al considerar que sus defensas no señalaron ningún defecto formal de la acusación que pueda justificar su nulidad.

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Los fiscales anticorrupción sostienen que existen elementos suficientes para llevar adelante el juicio oral por hechos relacionados con enriquecimiento ilícito y otros delitos, por lo que buscan que se mantenga la decisión adoptada durante la audiencia preliminar.

En la causa también está investigado el diputado Esteban Samaniego (ANR), por su presunta implicancia en los hechos cometidos cuando era intendente de Quyquyhó. Sin embargo, hasta el momento no fue desaforado por sus pares del Congreso y sigue zafando de la justicia.

En esta causa varios coacusados admitieron los hechos y ofrecieron resarcir los daños cometidos a la Municipalidad de Quyquyhó, entre ellos la candidata a intendente colorada Mercedes Medina y su pareja Carlos Bareiro Bogarín, quien es actual presidente de la Junta Municipal. Ambos fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento.

Damián Galarza, quien también admitió su culpabilidad en el esquema de corrupción que presuntamente desvió dinero de la Municipalidad de Quyquyhó, ahora es candidato a concejal colorado.