La disposición por parte del Gobierno de Santiago Peña de suspender temporalmente y de manera arbitraria 263 locales de la cadena Biggie en todo el país, empresa ligada al Grupo Zuccolillo, ha generado reacciones desde los diversos grupos empresariales y sobre todo preocupación ante la aplicación de medidas desproporcionales que pueden afectar gravemente la confianza empresarial.

La disposición tan drástica, según anunciaron desde la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) viene por orden del propio presidente Santiago Peña, en base a incumplimientos detectados supuestamente en doce locales de la cadena.

Dicha disposición que genera preocupación en gremios empresariales ya está teniendo repercusión internacional y desde Asociación de Las Américas de Supermercados (ALAS) se manifestaron acompañando el compromiso con la defensa de las libertades económicas, el respeto al libre mercado y la seguridad jurídica, considerando que son los pilares esenciales para el desarrollo de las economías.

A la vez hacen un llamado a los gobiernos de la región, y en especial al de Paraguay, para que la proporcionalidad, la no intervención y la igualdad de condiciones entre los actores de mercado sean principios sagrados en la toma de decisiones.

Igualmente, expresaron su respaldo y solidaridad a la Cámara Paraguaya de Supermercados, reconociendo el papel del sector supermercadista como motor de empleo, competitividad y desarrollo social

Posturas de gremios nacionales e internacionales en caso Biggie

Medida desproporcional y sin precedentes

Además, directivos de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americano también expresaron profunda preocupación por la reciente clausura temporal de las operaciones de Biggie, empresa asociada a dicha cámara.

La CCPA si bien reconoce la importancia de cumplir con las regulaciones administrativas y sanitarias, también consideran “que la medida aplicada en esta caso es desproporcionada, sin precedentes y afecta al libre comercio y a la protección de la inversión privada”

Advierten que estas decisiones generan incertidumbre, dañan la confianza en la estabilidad jurídica y deterioran el clima de negocios, dificultando la atracción de inversiones

La CCPA instó finalmente a las autoridades a revisar esta medida con objetividad y agilidad, garantizando un trato justo y equitativo para todas las empresas.

“La seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo sostenible y la prosperidad de nuestro país y nuestra región”, expresaron finalmente.

Centro de Importadores, preocupado por “desproporcional” sanción a Biggie

Afecta imagen del país, advierte la CAP

Otro de los gremios que salieron a expresar su posición ante la disposición arbitraria del Gobierno de la suspensión temporal de Biggie SA con más de 250 locales en todo el país, fue la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) gremio que a través de un comunicado también manifestó su preocupación por esta medida que no solo a los locales sino que genera un fuerte impacto sobre más de 5.000 puestos de trabajo, cientos de proveedores nacionales y sobre la estabilidad del sector comercial.

Añaden que la seguridad jurídica, la proporcionalidad, la racionalidad y el debido proceso son esenciales para la libre competencia y la protección del consumidor.

Agregaron además que las medidas sancionatorias deben aplicarse de manera justa, equitativa, transparente y sin arbitrariedades para todos los actores del mercado, evitando daños irreparables que pongan en riesgo la imagen del país, confianza del mercado, la seguridad jurídica y el desarrollo económico.

Piden equilibrio en las sanciones y claridad

Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) también expresaron su disconformidad con la desproporcionalidad de las medidas aplicadas por el Gobierno a la cadena de Biggie.

Agregaron que las decisiones que afectan a las unidades productivas y comerciales deben partir del cumplimiento irrestricto de la normativa y de la protección de la salud y los derechos de los consumidores. Pero al mismo tiempo es necesario que contemplen el impacto económico y social que puedan generar medidas desproporcionadas, además que la información y comunicación pública sobre estos procesos debe manejarse con responsabilidad.

La UIP alienta a que los fiscalizadores se desarrollen bajo protocolos claros y transparentes, garantizando el cumplimiento normativo al tiempo de preservar la continuidad operativa, la salud y el empleo.

También desde el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco) expresaron profunda sorpresa y enérgico rechazo ante la disposición de cierre de las tiendas de conveniencia Biggie.

Agregaron que preocupa que las normas y leyes aplicadas en este caso resulten desproporcionadas e injustas, alejándose del espíritu de equidad y del marco garantista establecido por la Constitución Nacional.

Mencionaron que este tipo de medidas afectan no solo a una empresa en particular, sino también a miles de trabajadores, proveedores y consumidores que dependen de su funcionamiento.

“Las medidas adoptadas por instituciones del Estado siempre deben ser proporcionales, fundamentadas y respetuosas de la justicia y la razonabilidad”, afirman

Reclaman rigurosidad también con informales tras sanción a Biggie

La Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (Capro) también expresó su posición respecto a los recientes controles efectuados por las autoridades en locales pertenecientes a la cadena Biggie, aclarando que respaldan plenamente los controles sanitarios, pero apelan a la aplicación de proporcionalidad en las medidas a fin de no afectar la cadena productiva y empleos.

Además instaron al Gobierno que extienda estos controles también a los locales de venta en la vía pública y a los comercios ilegales, de modo que todos los puntos de expendio, sin importar su ubicación o formalidad, sean objeto de las mismas exigencias y verificaciones sanitarias, en resguardo de la salud de los consumidores.

El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) también se unió a este pedido de aplicar rigurosidad a los que comercializan en la informalidad abiertamente en las calles. El gremio dijo que defienden la aplicación de sanciones a quienes obren fuera de las leyes, pero también cuestionaron la desproporcionalidad en las disposiciones tomadas por el Gobierno en este caso.

Cierre de Biggie: Capro pide a Peña aplicar mismo control a vendedores informales

Argumentan que la sanción a Biggie demuestra que “las mismas reglas” no se aplican para todos cuando sigue existiendo importación y venta de productos sin registro sanitario en las calles de ciudades como Asunción.

El comunicado va acompañado de una imagen de un puesto callejero de venta de productos de contrabando, con el mensaje “¿Cómo están los productos en esta sucursal?” “Las últimas decisiones políticas y económicas restan confianza, credibilidad, seguridad jurídica e institucional”, concluye el comunicado.

Titular del MIC contradice disposición de Dinavisa

Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio, aceptó que el cierre de la cadena de tiendas de conveniencia Biggie es una “medida impopular”, pero a favor de la gente, ya que según argumentó, la misma se realiza para cuidar la salud pública de las personas. Por otro lado, negó que la suspensión sea orden del gobierno de Santiago Peña, como lo dijo Sara Irún, titular de Sedeco, y atribuyó a la empresa la decisión del cierre de locales.

“Esto fue una decisión de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), que genera mucha polémica, pero que tiene que ver con temas relacionados a la defensa del consumidor y a la salud pública”, acotó Giménez, durante el acto de lanzamiento de una campaña de abaratamiento de precios ayer en el MIC.

Cierre de Biggie para titular del MIC es una “medida impopular” y atribuye decisión a la empresa

El ministro pidió incluso no confundir con el cierre de las cadenas, lo que dijo que no es cierto, ya que lo que se hizo fue prohibir la comercialización de estos productos. Giménez negó que se ordenará el cierre de los locales y atribuyó la decisión a la empresa, no así del gobierno.

“No se ordenó ningún cierre de local. Si lees la resolución de Dinavisa dice exactamente que se le ordena a la cadena a dejar de comercializar estos productos que están bajo sospecha hasta su retiro y su reposición, sin haber cerrado las cadenas”, indicó Giménez justificar.

No obstante, la resolución de Dinavisa dada a conocer el martes último establece claramente en el artículo tercero ordenar “la suspensión temporal de actividades sujetas a la Ley 6.788 (competencia de Dinavisa) en todo el territorio nacional y la prohibición de la comercialización de productos regulados por Dinavisa.