“No tiene nada que ver con Biggie y tiene todo que ver con el consumidor”, respondió Santiago Peña al ser consultado sobre el cierre temporal de locales de la mencionada empresa y sobre lo que dijo Sara Irun, titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), quien había asegurado que esto se trataba de “una orden del presidente de la República”.

“Nosotros tenemos que cuidar el capitalismo, los abusos de los capitalistas”, indicó.

Dijo que gran parte de los paraguayos no sabe que existe una Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco). “Era una institución opaca, muerta. Debo ser el primer presidente de la República que se reúne con la ministra”.

Agregó que la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), es una institución que tiene que evitar que los grandes grupos económicos que tienen un poder monopólico u oligopólico usen ese poder en detrimento del consumidor.

Ejemplificó todo esto con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), y señaló que para los de la industria farmacéutica es muy común que se controlen los medicamentos. Se hizo una reforma para controlar también los alimentos, sostuvo.

Comentó que la ministra de Sedeco le dijo que la gente se burlaba de la institución, que pagaba la multa y seguía haciendo lo mismo, por lo que él le señaló que se debía clausurar y cerrar los locales o empresas que no cumplen las reglas.

“Me dijo: Presidente, usted está dispuesto a aguantar, porque estos van a venir a atacarnos, le van a atacar al gobierno. Estos son grupos económicos que tienen un enorme poder y, obviamente, hoy la noticia es Biggie, porque también ese medio de comunicación del que es propiedad Biggie, le ha dado ese destaque, pero en realidad nosotros estamos haciendo un control sobre todas las cadenas, todos los supermercados, todo lo que es expendio de alimento”, manifestó durante el programa Mina en Casa.

Agregó que la decisión es cuidar al consumidor que hoy, lastimosamente, está indefenso.

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“Esta medida de que sea algo general es porque tienen un centro de abastecimiento donde se reciben las mercaderías de los diferentes proveedores y ahí se re empaqueta, se abre, se vuelve a empaquetar y se distribuye a los 200 y pico de locales. Entonces, el problema es de origen, no es el tratamiento que se da, no es que un proveedor X lleva el producto a un local. No. Llevan a un centro de distribución”, agregó.

Insistió en que no se trata de una persecución y aseguró que es una política de Estado. “Les vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con Biggie, y tiene todo que ver con el consumidor. Nosotros vamos a tener una mayor presencia en el control”.

Sara Irún, titular del Sedeco, dijo que “malinterpretó” la resolución de Dinavisa por la que se cerraron los 263 locales de Biggies y que solo se debían retirar los productos.

“Eso fue porque hubo una mala información, primero con la Dinavisa, luego aclaramos y ahí establecimos una línea clara, porque esa resolución no es una resolución de Sedeco, entonces yo malinterpreté esa resolución”, afirmó.

Dijo que el Gobierno en ningún momento ordenó la clausura o cierre de ninguno de los locales.

“Desde el Gobierno no se clausuró ni se cerró ninguna cadena. Se suspendió temporalmente la comercialización de productos regulados por la Dinavisa”, aseveró.

Los 263 locales de Biggie, ubicados en 31 ciudades y que emplean a 5.300 personas de manera directa, fueron clausurados temporalmente por orden directa del presidente de la República, Santiago Peña, tras la intervención de 12 locales, según había dicho la titular de la Secretaría del Consumidor (Sedeco), Sara Irún.

Por otra parte, Jorge Ilou, director de Dinavisa, confirmó que los productos incautados de dos supermercados Biggie, fueron remitidos al laboratorio BioControl, parte del grupo Multilab S.A., representado por Paola Scavone de Argaña, consuegra del presidente de la República, Santiago Peña.

La inspección motivó el cierre temporal de 263 locales Biggie, por orden del mismo Peña, según Sedeco.