Esta semana, la empresa británica Atome, productora de fertilizantes a partir de hidrógeno verde, anunció al Estado paraguayo su intención de recurrir a un arbitraje internacional en reacción por la decisión del Poder Ejecutivo de revocar decretos que habrían permitido a la firma extrajera acceder a energía eléctrica a un precio fijo muy por debajo del que aplica a otras empresas, por un periodo de 15 años para las operaciones que pretendía instalar en Paraguay.

A finales de agosto, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció la interrupción de las negociaciones con Atome, afirmando que no es viable mantener una tarifa tan baja como la que pretendía la empresa británica, por un periodo tan largo, teniendo en cuenta que el consumo de energía eléctrica en Paraguay está acercándose al tope de su capacidad de generación.

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Tras la notificación de intención de buscar arbitraje de Atome, el Estado parguayo tiene un plazo de tres meses para negociar antes de que el litigio sea llevado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Cambios de rumbo

En un escrito que analiza la controversia en torno a Atome en Paraguay, la economista Nora Ruoti fustigó la “improvisación” y falta de postura decisiva con que el Gobierno paraguayo ha encarado la situación.

Calificó como “grave” la forma en que el Gobierno “tomó, modificó y finalmente eliminó sus propias decisiones en un periodo inferior a cinco meses” y señala que esa falta de convicción expone al país a una controversia con consecuencias posiblemente graves en lo económico.

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“¿Qué país serio cambia tres veces de rumbo frente a inversiones internacionales y después pretende que nada ocurrió?”, se pregunta la economista. “Primero se creó una política pública; luego se cambiaron sus condiciones; finalmente se borró todo el esquema”.

“Problema de credibilidad institucional”

Ruotti se refiere a la emisión, por parte del Poder Ejecutivo, de los decretos 5.306 y 5.307 en enero de este año, que establecen políticas públicas para el desarrollo de ‘industrias convergentes” e iniciativas de ‘energía a X’. En abril, esos decretos fueron modificados, alterando las tarifas aplicables a industrias convergentes y limitando el uso energético para ‘Energía a X’.

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Finalmente, en junio el Gobierno dejó sin efecto los decretos de enero y sus modificaciones de abril.

“Rectificar no es necesariamente malo. Pero cuando una política destinada a compromisos de largo plazo debe ser revisada casi inmediatamente, la rectificación evidencia que el análisis inicial pudo haber sido insuficiente”, reflexiona Ruoti. “Y cuando después de modificarla se decide eliminarla por completo, la duda deja de ser anecdótica y se convierte en un problema de credibilidad institucional”.

Actuación del Gobierno es “difícil de justificar”

La economista considera “difícil de justificar” que haya aprobado medidas de alta trascendencia como los decretos de enero, aparentemente, “sin contar previamente con todos los estudios, consensos y evaluaciones necesarios para sostenerlas”.

Se calcula que la inversión prevista para la instalación de una planta de fertilizantes de Atome – que iba a estar ubicada en la ciudad de Villeta – iba a representar una inversión de 665 millones de dólares, la creación de 4.000 puestos de trabajo temporales durante la construcción y unos 1.000 empleos permanentes durante la operación de la planta.

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“¿Qué confianza puede inspirar un Gobierno que presenta una política como estratégica y estable en enero, la modifica en abril y la elimina en junio? ¿Cómo explicamos esta secuencia a los organismos financieros, a las empresas que estudian instalarse en Paraguay y a quienes deben comprometer capital durante 10, 15 o 20 años?”, insiste Ruoti. “La confianza tarda años en construirse, pero puede destruirse con unas pocas decisiones contradictorias”.