Este lunes, el abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, anunció que su cliente, con patrocinio público, presentó ante el Ministerio Público una ampliación de su denuncia de una supuesta “persecución política” en su contra, presentada originalmente el pasado 31 de julio.

Cartes y Ovelar afirmaban en su denuncia de julio que organismos del Estado paraguayo durante la administración del expresidente Mario Abdo Benítez - rival interno de Cartes dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) - llevaron a cabo manipulaciones y tergiversaciones contra el expresidente de la República y actual presidente de la ANR, que resultaron en sanciones en su contra por supuestos hechos de corrupción por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

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En su ampliación de la denuncia, Cartes acusa de “revelación de secretos del servicio” al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, afirmando que este filtró a la prensa información sobre un pedido confidencial de colaboración hecho por la Fiscalía de Panamá sobre una investigación a Cartes y su familia en ese país por supuesto lavado de dinero.

Según Ovelar, la actuación de Giuzzio fue un intento de “instalar en la prensa y en instituciones del estado nacionales y extranjeras la supuesta participación de mi cliente en actividades ilícitas, para provocar sanciones a nivel internacional, con el único objetivo de perseguirlo políticamente”.

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En conversación con ABC Cardinal hoy, Ovelar señaló que, según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), pedidos de ese tipo deben ser manejados con confidencialidad, y pidió que la Fiscalía investigue quiénes en la Policía Nacional o la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibieron el petitorio desde Panamá y con quién compartieron esa información.

“Con el ánimo de perjudicar a Horacio Cartes, (Giuzzio) salió a declarar cuestiones que además no se adecuan a la verdad sobre cuentas bancarias y movimientos en Panamá, eso realmente nunca existió”, agregó el letrado. “El ánimo era instalar que Horacio Cartes estaba involucrado en esos ilícitos”.

El abogado insistió en que “desde la Seprelad, desde la Secretaría Anticorrupción, desde los discursos políticos hacia Cartes, desde esas plataformas estatales se ha perseguido” a su cliente, y agregó que “mucha gente de la prensa ha concluido y sentenciado y presentado a Horacio Cartes como culpable y no se le ha comprobado absolutamente nada”.

“Se ha provocado y se ha instalado de manera consuetudinaria y en conjunto que Horacio Cartes es culpable de algo”, subrayó.

El 22 de julio de 2022, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció la designación del expresidente Cartes como persona “significativamente corrupta”, acusándolo de obstruir una investigación sobre crimen organizado y vinculándolo con una organización terrorista.

Inicialmente, el Gobierno estadounidense retiró las visas para viajar a Estados Unidos a Cartes y a sus hijos.

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En enero de 2023, el Gobierno del país norteamericano amplió sus acusaciones, afirmando que Cartes sobornó a miembros de su partido para apoyar su candidatura presidencial de 2013 y pagó a funcionarios por su lealtad durante su Gobierno, incluyendo sobornos mensuales a legisladores.

La acusación estadounidense también argumenta que Cartes prometió pagos de un millón de dólares a legisladores por su apoyo al proyecto ilegal de enmienda constitucional con la que se buscó introducir la figura de la reelección presidencial a la Constitución Nacional.

También señaló supuestos vínculos de Cartes específicamente con la agrupación libanesa Hizbolá, a la que Estados Unidos considera una organización terrorista.

Las pruebas en que Estados Unidos se basa para hacer esas acusaciones aún no se han hecho públicas. Sin embargo, el fiscal general Emiliano Rolón confirmó que ha recibido información desde Estados Unidos referente a Cartes que está siendo investigada.