"Es impresentable, condenable, pretender eliminar una alternativa experimentada y capaz de hacer que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil, simplemente porque sube en las preferencias ciudadanas mientras los candidatos oficiales bajan", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Roche, quien fue director de la agencia de tránsito de Guayaquil años atrás, se postuló a la Alcaldía con el conservador Partido Social Cristiano (PSC), que gobernó en la ciudad por 30 años.

Además, fue el movimiento al que perteneció la exalcaldesa Cynthia Viteri, quien busca volver al cargo de la mano de la fuerza política del presidente, Daniel Noboa.

Según el exfuncionario municipal, que tildó la medida de "persecución" política, también bloquearon las cuentas de los representantes legales de sus empresas "sin motivo legal alguno", pero que no duda que pronto le "inventarán algún cuento novelesco".

Aseguró, sin entrar en detalles, que hace días recibió una supuesta advertencia de lo que podría ocurrirle "si no cumplía con ciertas condiciones", y que se ha materializado en estos bloqueos.

Este hecho es denunciado un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado ecuatoriano a garantizar que el proceso para las elecciones locales del 29 de noviembre "se desarrolle en condiciones de participación política plural e igualitaria", tras conocer sobre la eliminación y suspensión de partidos de oposición.

La CIDH se refirió, entre otros casos, a la suspensión de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y la principal fuerza de oposición en el país, por pedido de la Fiscalía, que investiga a algunos de sus dirigentes por un presunto lavado de dinero.

Meses atrás, organizaciones indígenas y ambientalistas que participaron el año pasado en las protestas contra el Gobierno tras la eliminación del subsidio al diésel y por un proyecto minero también denunciaron el congelamiento de sus cuentas bancarias, lo que fue criticado por Human Rights Watch (HRW).

La ONG señaló que el bloqueo se realizó por pedido de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), organismo gubernamental encargado de prevenir los delitos financieros, que justificó la solicitud citando supuestos informes de inteligencia.

HRW aseguró en ese entonces que la UAFE aplicó una disposición introducida por la Ley de Transparencia Social, impulsada por Noboa, que "permite congelar cuentas sin una orden judicial cuando se identifique indicios objetivos, graves y verificables de operaciones sospechosas".