La ministra de Industria, Mélanie Joly, anunció en un comunicado que ha enviado una carta de requerimiento a Cleveland-Cliffs, al amparo del artículo 39 de la Ley de Inversiones de Canadá, por el presunto incumplimiento de los compromisos adquiridos cuando compró Stelco en 2024.

Joly afirmó que las obligaciones contraídas por la empresa fueron determinantes para que Ottawa autorizase la adquisición y rechazó que las actuales condiciones económicas puedan justificar los despidos.

"Ninguna causa de fuerza mayor ni cambio en las condiciones del mercado puede eximir a Cleveland-Cliffs de los compromisos que asumió con Canadá. Esos compromisos no son opcionales", declaró.

La ministra añadió que, pese a las reiteradas oportunidades concedidas, la empresa no ha demostrado que esté cumpliendo sus obligaciones.

El acuerdo de 2024 comprometía a Cleveland-Cliffs a mantener hasta 2029 una plantilla media anual de al menos 1.766 trabajadores sindicalizados y a conservar al menos el 90 % de los 603 empleados no sindicalizados.

La compañía atribuye los despidos a los aranceles del 50 % impuestos por Estados Unidos al acero canadiense, y sostiene que no ha incumplido el acuerdo.

A su vez, el consejero delegado de Cleveland-Cliffs, el estadounidense de origen brasileño Lourenco Goncalves, ha defendido públicamente los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

En 2025 aseguró a Politico que había influido en la decisión de elevar al 50 % los gravámenes sobre el acero importado canadiense y, en enero de 2026, reclamó ante el Congressional Steel Caucus de la Cámara de Representantes estadounidense que se mantuvieran sin excepciones para Canadá y México.

Por ello, Joly acusó a la dirección de Cleveland-Cliffs de promover los mismos aranceles que ahora utiliza para justificar los despidos, una circunstancia que, según la ministra, debilita el argumento de la empresa de que las condiciones comerciales justifican el incumplimiento de sus compromisos con Ottawa.

La ministra advirtió que el artículo 40 de la ley permite solicitar a los tribunales sanciones económicas, exigir el cumplimiento de las obligaciones e incluso forzar la desinversión en Canadá.

"Todas las opciones están sobre la mesa", concluyó Joly.