Durante la audiencia, el contralor general de la República, Camilo Benítez, realizó un balance de los cinco años al frente del organismo de control, reivindicó la digitalización institucional, destacó las auditorías realizadas sobre el IPS e Itaipú Binacional y sostuvo que Paraguay deberá debatir, más temprano que tarde, una reforma tributaria debido al crecimiento de la deuda pública y la insuficiencia de los ingresos fiscales.

Sin embargo, la exposición también estuvo atravesada por un fuerte debate jurídico sobre la constitucionalidad de su candidatura para un nuevo período, además de cuestionamientos sobre el seguimiento de las denuncias remitidas al Ministerio Público.

El actual contralor inició su presentación repasando su trayectoria académica y profesional antes de defender los principales resultados de su administración. Sostuvo que, cuando asumió, encontró una institución golpeada por escándalos de corrupción, con procesos totalmente burocráticos y sin acceso ciudadano a la información pública.

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Según afirmó, durante su gestión se logró digitalizar las rendiciones de cuentas, transparentar las declaraciones juradas, aumentar considerablemente las actividades de control y fortalecer el rol anticorrupción de la institución.

Como uno de los principales logros mencionó que la Contraloría pasó de emitir alrededor de 1.000 reportes anuales a aproximadamente 4.500 informes por año.

También aseguró que remitieron reportes de indicios de hechos punibles por cerca de US$ 980 millones de posible perjuicio patrimonial al Estado.

Destaca la auditoría de Itaipú y afirma que evidenció un perjuicio

Otro de los puntos de su exposición fue la auditoría sobre la deuda de Itaipú Binacional. Benítez sostuvo que dicho trabajo fue uno de los más difíciles de su administración.

Indicó que se dejó en evidencia que la venta de energía paraguaya por debajo de los costos de producción y en violación del Tratado generó un perjuicio de aproximadamente US$ 4.200 millones para la binacional y, por consiguiente, para Paraguay.

Concluyó sobre el punto, que ese informe constituye el trabajo de mayor trascendencia elaborado durante su administración.

Caso IPS: asegura que las denuncias nacieron de auditorías

El contralor también hizo referencia a las investigaciones sobre el Instituto de Previsión Social (IPS). Recordó que durante administraciones anteriores la Contraloría remitió al Ministerio Público un reporte relacionado con presuntas irregularidades por más de US$ 150 millones, denuncia que posteriormente fue archivada por la Fiscalía.

Además, reveló que, actualmente la institución desarrolla siete auditorías simultáneas dentro del IPS.

Según explicó, muchas de las denuncias públicas formuladas recientemente por el presidente del IPS, Isaías Fretes, se sustentan precisamente en observaciones realizadas por los equipos de auditores de la Contraloría.

Anunció que dichas auditorías concluirían en aproximadamente dos semanas y, si surgen indicios de hechos punibles, serán remitidas nuevamente al Ministerio Público.

Advierte que Paraguay deberá debatir una reforma tributaria

Benítez explicó que Paraguay posee una economía cercana a los US$ 50.000 millones, una deuda pública superior al 40% del Producto Interno Bruto y un presupuesto cercano a los US$ 19.000 millones, mientras que la recaudación tributaria ronda los US$ 6.500 millones.

Ante ese escenario afirmó que, tarde o temprano, la clase política deberá discutir una reforma tributaria. “Más tarde o temprano necesariamente la clase política tendrá que debatir la necesidad de una reforma tributaria y la necesidad de subir impuestos porque los números en algún momento dejan de cerrar”.

Posteriormente aclaró que personalmente no comparte la idea de aumentar impuestos y señaló que su apuesta consiste en mejorar el gasto público mediante inteligencia artificial para combatir la corrupción y evitar llegar a ese escenario.

Yolanda Paredes exige números de causas remitidas a la Fiscalía

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional centró sus cuestionamientos en el cumplimiento del artículo 283 de la Constitución Nacional.

Preguntó cuántas denuncias concretas fueron remitidas a la Fiscalía, además del estado de las investigaciones vinculadas a las denuncias formuladas por el actual presidente del IPS, Isaías Fretes.

Benítez respondió que la Contraloría emitió más de 1.000 reportes de indicios de hechos punibles, pero reconoció que muy pocas de esas remisiones derivaron posteriormente en imputaciones o procesos penales.

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Ante ello, Paredes sostuvo que la Constitución habla expresamente de denuncias y no de reportes, afirmando que si el contralor no promovió las denuncias correspondientes podría estar incumpliendo su deber constitucional.

La legisladora incluso le pidió que remita los números de causa de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Benítez respondió que el llamado “reporte de indicios de hechos punibles” constituye la culminación de una auditoría técnica y aseguró que contiene mayor respaldo probatorio que una simple denuncia ciudadana. Asimismo, se comprometió a remitir posteriormente los números de las causas abiertas.

Aseguran que la postulación de Benítez es inconstitucional

El senador Líder Amarilla (PLRA) sostuvo que la candidatura de Camilo Benítez para un nuevo período viola el artículo 281 de la Constitución Nacional.

Argumentó que el actual contralor ya ejerció dos períodos y que una nueva designación constituiría un tercer periodo, prohibido por la Carta Magna.

Incluso advirtió que, de prosperar su designación, todos los actos firmados por Benítez podrían ser posteriormente declarados nulos o cuestionados judicialmente.

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También reclamó que el cargo de contralor debe ser ocupado por un representante de la oposición como mecanismo de equilibrio institucional y cuestionó que un dirigente del mismo signo político del Poder Ejecutivo controle la administración central.

Además, criticó que, a su criterio, la Contraloría concentra gran parte de sus esfuerzos en municipios y gobernaciones cuando el 97% del presupuesto nacional es ejecutado por el Poder Ejecutivo.

Camilo responde que nunca fue “confirmado” como contralor

En su derecho a réplica, Benítez rechazó los cuestionamientos constitucionales. Sostuvo que la documentación presentada por Amarilla demuestra que primero fue designado subcontralor y, posteriormente, contralor, y afirmó que en ninguna resolución figura que haya sido “confirmado” en el cargo.

Añadió que la Constitución exige únicamente que el periodo del contralor no coincida con el inicio y final del mandato presidencial, situación que -según sostuvo- precisamente se cumple en su caso.

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También afirmó que existen precedentes en Paraguay de autoridades que completaron mandatos ajenos y luego fueron nuevamente electas.

Respecto a las críticas sobre el enfoque de las auditorías, respondió que más del 90% de los informes de la Contraloría corresponden al Gobierno central, precisamente porque allí se concentra la mayor parte del presupuesto público.

El blanqueo a Santiago Peña no fue tema de la audiencia

Pese a la amplitud del debate, durante la audiencia no hubo preguntas sobre el cuestionado dictamen de la Contraloría relacionado con la situación patrimonial del presidente Santiago Peña.

La discusión estuvo concentrada principalmente en la constitucionalidad de la candidatura de Benítez, el alcance de las auditorías realizadas por la Contraloría, las denuncias remitidas al Ministerio Público, el IPS, Itaipú y las propuestas institucionales planteadas por el actual contralor.

En la audiencia correspondiente al primer bloque de postulantes, solo los senadores opositores Líder Amarilla y Yolanda Paredes formularon cuestionamientos directos al actual contralor. No estuvieron presentes los senadores Eduardo Nakayama (independiente) y Rafael Filizzola (PDP) Los demás legisladores presentes centraron sus intervenciones en aspectos técnicos o de procedimiento.