Los investigadores habrían identificado 198 empresas vinculadas a Prince Group. De ellas, 98 estarían registradas en el país y otras 100 en el extranjero, según declaró al medio local The Phonm Penh Post el ministro principal Chhay Sinarith, vicepresidente permanente y jefe de la secretaría de la Comisión para la Lucha contra las Estafas Tecnológicas.

Señaló que, debido a la magnitud y complejidad del caso, que involucra una extensa red corporativa con operaciones tanto dentro como fuera de Camboya, el operativo lleva en curso varios meses, en los que se ha detenido a seis de los presuntos cabecillas.

El ministro declaró, además, que las solicitudes remitidas a la Interpol forman parte de los esfuerzos de Nom Pen por perseguir a los sospechosos de estafas en linea "más allá de sus fronteras y fortalecer la cooperación internacional para desmantelar las redes criminales transnacionales", recoge el rotativo.

Camboya, epicentro de las ciberestafas digitales, ha emprendido una campaña oficial contra los centros dedicados a estas actividades ilícitas, sin embargo, ONG e investigadores han advertido que el operativo podría responder a un campaña de publicidad tras las críticas y no reflejar un desmantelamiento real de las redes criminales.

Entre las medidas tomadas por Nom Pen se encuentra la detención y posterior extradición a China el pasado enero de Chen Zhi, fundador de Prince Group, a quien Estados Unidos acusó de dirigir un "imperio de ciberfraude".

En los centros de estafas, controlados por mafias -muchas de origen chino-, trabajadores, voluntariamente o engañados, ejecutan sofisticados engaños bajo coacción extrema y en ocasiones sometidos a torturas y vejaciones, a veces hasta la muerte, según han denunciado la ONU e investigaciones independientes.

Se trata de fraudes multimillonarios que afectan a personas de todo el mundo y que, tras centrarse inicialmente en objetivos de China, en el último año han puesto el foco también en España y Latinoamérica.

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) alertó en julio de que las pérdidas anuales por estafas en Asia-Pacífico oscilaron entre 88.300 y 114.100 millones de dólares en 2025, una suma que, incluso en su estimación más baja, supera el PIB de varios países de la región.