El primer proyecto de ley aprobado en Cámara de Diputados y remitido al Senado para su segundo trámite es el Nº 801/2023 presentado por el Ejecutivo, que establece una reprogramación (no aumento) de unos G. 14.738.192.000.

La iniciativa plantea utilizar el rubro correspondiente a cargos vacantes, para destinarlos a la provisión de combustible hasta septiembre de este año para la Policía Nacional, según explicó la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, diputada Cristina Villalba (ANR, HC).

Otra parte de este dinero, será para financiar la designación de cuatro “agregados policiales” en el exterior, figura creada por ley y que hasta el momento no tenía fuente de financiamiento.

Estos “agregados policiales” irán a cumplir misión en Bolivia, Brasil, Argentina y Colombia.

El otro proyecto con media sanción, según explicó Villalba, establece la disminución de objetos de gastos jornales y honorarios profesionales para redireccionarlos a financiar el aumento para cinco cargos en el Ministerio del Interior, conforme el concurso acordado en el marco del programa de “desprecarización laboral del personal contratado”. En este caso, el monto en cuestión es de G. 42.253.991.

Si bien hubo algunas críticas por el escaso tiempo para analizar estos proyectos, ya que incluso tuvieron dictamen en una sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto hecha a las apuradas ayer antes de iniciar la sesión, en general hubo respaldo.

La diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) si bien no cuestionó la necesidad, sobre todo para combustibles, no pudo dejar de alerta el temor del uso incorrecto de estos recursos. Legisladores sobre todo de departamentos más alejados del país remarcaron que los fondos son vitales, ya que normalmente la policía debe rebuscar fondos para cumplir con su labor.