El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, primera sala, confirmó las condenas a 2 años y 8 meses de pena privativa de libertad establecida para tres policías de la Comisaría 10ª, por pedir coima para no implicar a una persona en un hecho punible.

Los camaristas Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi votaron en mayoría por la confirmación de la sentencia definitiva (SD) N° 199, dictada el 20 de mayo pasado. La tercera integrante de la sala, Claudia Criscioni, votó por anular la sentencia y ordenar el reenvío del expediente a primera instancia, para un nuevo juicio.

A través del fallo apelado, el suboficial inspector Aníbal Fabián Avezada Miranda, el suboficial ayudante Jorge Darío Duarte y el suboficial Justo Gabriel Meza Delvalle fueron declarados culpables del hecho punible de cohecho pasivo agravado y sentenciados a cumplir sus penas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Tras aprehensión por “actitud sospechosa”, pedido de coima

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción presidido por Adriana Planás e integrado por Elsa García y Matías Garcete declaró probada la acusación presentada por el fiscal Federico Delfino, de la Unidad Antisecuestro.

La acusación revela que en la noche del 2 de junio de 2024, los agentes ahora acusados abordaron al joven Esteban Sarubbi, quien se encontraba dentro de su vehículo estacionado sobre una calle del barrio Mburucuyá de la capital, por una supuesta “actitud sospechosa”.

Detienen a tres policías por supuesta extorsión a un joven

Policías acompañaron a la víctima hasta el cajero para extraer dinero

Posteriormente, los agentes trasladaron al joven hasta la comisaría y le exigieron una suma de dinero, bajo la amenaza de iniciar una causa penal en su contra. Este accedió a entregarles G. 3 millones, suma que retiró de un cajero automático.

El fiscal Delfino resaltó que estos agentes policiales, antes de liberar al joven, lo hicieron firmar un documento en el que constaba que no había entregado compensación económica alguna al personal.

La transacción fue advertida por los padres de la víctima debido a que la cuenta bancaria era conjunta y fueron ellos quienes decidieron realizar la denuncia por presunta extorsión, con lo cual se dio inicio a la investigación.

Voto en mayoría y “tirón de oreja” a fiscal

El Tribunal declaró la inadmisibilidad de las apelaciones presentadas por el fiscal Delfino (con relación a la calificación) y por la defensa de Justo Meza y rechazó la apelación de la defensa de Jorge Duarte.

“La defensa sostiene que su defendido no tiene antecedente alguno, y también agrega que el hecho punible no existió y que se produjo cuando el mismo estaba en otro lugar con lo cual no tuvo participación directa en el procedimiento cuestionado, pero toda esta fundamentación no se nutre de un cuestionamiento probatorio que surja de la exposición de motivos para considerar admisible este recurso en el estudio del mismo, cuando lo que se cuestiona en este agravio es el quantum de la sanción”, explica el camarista Amarilla, al estudiar los agravios de la defensa de Duarte.

“En el caso de autos el Ministerio Público no justificó su ausencia a la lectura de la Sentencia ni expuso alguna imposibilidad material para hacerlo con lo cual cualquier notificación posterior como reza el fallo es improcedente puesto que el plazo del Ministerio Público para interponer recursos comienza al día siguiente de la lectura de la Sentencia objeto de recurso”, agregó el camarista preopinante, al referirse a la decisón adoptada con relación a la apelación del fiscal Delfino.

Tribunal rechaza anular acusación y da inicio a juicio a policías por supuesta extorsión

Otro punto cuestionado por la defensa es que la causa se abrió por extorsión pero los agentes fueron condenados por cohecho pasivo agravado.

Voto por la nulidad de la condena y nuevo juicio a policías

A su turno, la camarista Criscioni votó por anular la sentencia, tras argumentar que si bien el Tribunal tiene potestad de dar una valoración jurídica distinta a la expuesta en la acusación, debe previamente advertir a las partes de ello y tomar la declaración a los acusados, en base a la nueva figura considerada adecuada.

En este caso específico, el colegiado argumentó que no lo hizo, debido a que la calificación establecida era más favorable a los acusados, postura considerada errónea por la magistrada.

Independientemente de que el Tribunal considere que es más favorable la calificación dada por tratarse de un marco penal menos amplio, su razonamiento es erróneo.

“El deber de advertencia por parte del Tribunal de Sentencia, no se limita a la posibilidad de aplicación de un precepto legal que se corresponda con un marco penal más grave, sino que este deber le es impuesto ante cualquier cambio de calificación incluso de los preceptos de la parte general del Código Penal”, explicó Criscioni.

“El agravio concreto consiste en que se priva a la defensa de su derecho de plantear una argumentación basada en la falta de aplicación del algún elemento que sea distinto en el precepto jurídico por el que fue acusado respecto del precepto legal por el que finalmente es condenado”, concluyó, al votar por la nulidad del fallo.