La gremial empresarial difundió su manifiesto este lunes, en el cual subraya la crítica situación del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público o Caja Fiscal.

Lo describe como “fragmentado, con condiciones heterogéneas e insostenibles”, una característica que, según el texto, está generando “déficits crecientes que amenazan la estabilidad macroeconómica”.

En esa línea, la federación declara su apoyo a la presentación de una reforma legal que establezca las condiciones equitativas para que todos los paraguayos accedan a la jubilación.

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No obstante, subraya que es “irrazonable e inaceptable” que estos beneficios se financien con recursos ciudadanos.

La Fedemipymes cita el dato de que 7 paraguayos de cada 10 no se jubilan y, sin embargo, “están sosteniendo privilegios indignos de una casta privilegiada”, de acuerdo a lo expresado por el documento.

Jubilación de las fuerzas públicas se ha financiado en 71% con impuestos

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gasto en jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal para los retiros de las fuerzas públicas superó los US$ 1.490 millones durante la última década.

El 71% de esta suma se financió con impuestos pagados por toda la ciudadanía, mientras que solo el 29% provino de los aportes de los servidores públicos activos de estos sectores.

Es importante señalar la situación de los trabajadores informales, en su mayoría empleados en mipymes, que no cuentan con acceso a una jubilación.

Paradójicamente, este mismo sector está costeando las jubilaciones de otros colectivos con edades promedio inferiores a los 55 años, registrándose incluso casos de retiro a los 32 o 35 años, según informó el MEF.

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La Fedemipymes sostiene que la reforma es crucial para “brindar justicia social, previsibilidad macroeconómica y mantener el grado de inversión” del país.

En este sentido, solicitan al Gobierno a buscar decisiones firmes y con responsabilidad política, para transitar hacia un sistema previsional “sostenible, igualitario y previsible”.

Si bien la agrupación concuerda en gran medida con la propuesta de ley del Ejecutivo, insiste en que es crucial que los ajustes paramétricos se diseñen de modo que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Esto se lograría, según la Federación, equiparando los parámetros a los aplicados en el sector privado.

Señalan la necesidad de un abordaje integral con soluciones de fondo, bajo el argumento de que una reforma de esta magnitud “enfrentará resistencias naturales de quienes detentan los privilegios”, por lo que el costo político, sostienen, debe asumirse plenamente.

“El sector político que permitió estas inequidades debe asumir su responsabilidad y sancionar condiciones igualitarias para el acceso a la jubilación, para que no existan ciudadanos de primera y de segunda, cumpliendo el mandato de nuestra constitución nacional que juraron respetar”, mencionan desde la federación.

A la par, destacan que este pedido cuenta con el aval del “98% de las unidades económicas del país y más del 65% de la fuerza laboral”, que compone el tejido de la microeconomía nacional.