La iniciativa parlamentaria que fue impulsada por el diputado Saúl González (ANR-HC) pretende establecer un protocolo especial para la búsqueda por medios digitales de personas desaparecidas y propone obligar a las empresas telefónicas a proporcionar información de geolocalización de manera inmediata.

El proyectista dijo que uno de los principales obstáculos en las investigaciones de personas desaparecidas son las demoras de las compañías telefónicas para entregar información crucial.

Indicó que muchos familiares de personas desaparecidas denuncian que las compañías telefónicas demoran en dar la información requerida sobre la geolocalización y triangulación de antenas celulares.

Lea más: Vía decreto, Gobierno activa mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas

Se describe en la exposición de motivos que la tardanza genera frustración en los denunciantes que perciben que la Policía Nacional, el Ministerio Público y los juzgados de garantías no actúan con la urgencia en estos casos críticos.

Se establece que las empresas públicas y privadas de telefonía celular deben proveer datos de geolocalización y triangulación de antenas en forma inmediata. Es decir en tiempo real y en su defecto, en un plazo no mayor a dos a partir de la solicitud.

El proyecto designa al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional como la entidad principal encargada de estas investigaciones. Sin embargo, también otorga facultades a la Fiscalía General a solicitar, directamente, a los juzgados de garantías cuando la Policía Nacional no active el protocolo de inmediato.

Lea más: Más de 1.000 personas desaparecidas a nivel nacional: Central, con más denuncias

Se establece asimismo que los oficios serán tramitados bajo la figura del “anticipo jurisdiccional de pruebas”, garantizando un marco legal sólido para las solicitudes de información.

Una de la exigencias más importantes del proyecto de ley es la que obliga a las empresas telefónicas a “adecuar sus instalaciones técnicas e infraestructura de manera a dar la respuesta requerida en el tiempo establecido”.

Tras la media sanción, se remitió a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.