Bruselas sospecha que el laudo arbitral que obligó a España a indemnizar a la compañía -y su posterior pago- pudo otorgar a JGC una ventaja económica equivalente a la del régimen de apoyo a las renovables de 2007, que España no notificó a Bruselas.

En 2013, modificó esos términos y los aplicó también a instalaciones que ya recibían ayudas desde 2007, recordó la Comisión en un comunicado.

El nuevo régimen sí fue notificado a Bruselas, que lo aprobó en 2017, advirtiendo entonces que cualquier compensación que un arbitraje concediera por los cambios de 2013 podría constituir ayuda de Estado, y, por tanto, corresponde a la CE su autorización.

JGC, que había invertido en renovables españolas al amparo del régimen de 2007, recurrió al arbitraje del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y, en 2021, un tribunal condenó a España a pagarle 23,5 millones de euros más intereses.

España abonó la cantidad a Blasket Renewables Investment, un fondo estadounidense al que JGC cedió los derechos del laudo y que ha intentado ejecutarlo en Países Bajos, Estados Unidos y Bélgica, según la CE.

Bruselas sostiene que solo ella tiene competencia exclusiva para autorizar ayudas de Estado y que el tribunal arbitral, al conceder la compensación, sustituyó su propia valoración por la de la Comisión.

Bruselas también investigará si el pago discrimina a otros inversores y distorsiona la competencia en el sector renovable.

Si la Comisión finalmente concluye que hubo ayuda ilegal, podría obligar a España a recuperar el dinero del beneficiario.