Así lo manifestó el ministro de Hacienda, Dario Durigan, un día después de que la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva diera inicio al proceso para evaluar posibles contramedidas contra la potencia norteamericana.

"El proceso de reciprocidad en un país serio exige escuchar a los eventuales interesados e impactados por esa reciprocidad que puede aplicarse o no en el futuro", explicó Durigan en declaraciones a los periodistas en Brasilia.

En un contexto mundial "muy cerrado", el ministro señaló que pretenden recabar las opiniones de empresarios locales y extranjeros sobre los impactos de eventuales medidas de reciprocidad adoptadas por el Estado brasileño.

La Ley de Reciprocidad fue aprobada por unanimidad por el Parlamento brasileño en abril de 2025, en medio de la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El texto contempla represalias a terceros países, como limitar las importaciones, imponer tarifas, restringir las inversiones o suspender concesiones o patentes comerciales.

Brasil, la mayor economía de América Latina, es uno de los países más afectados por la ofensiva arancelaria de Trump.

Washington decidió en julio pasado imponer aranceles adicionales del 25 % y del 12,5 % a una buena parte de los productos brasileños por supuestas prácticas comerciales "desleales" y uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas, respectivamente.

La Cancillería brasileña resaltó en la víspera que a lo largo del último año, ha presentado "pruebas que refutan cada una de las alegaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales" que justificaron la imposición de aranceles.

"Los aranceles estadounidenses son injustificados y arbitrarios, y Brasil seguirá defendiendo su postura en todas las instancias pertinentes", afirmó en una nota.

El conflicto comercial ha deteriorado profundamente las relaciones diplomáticas desde el año pasado, cuando Trump decretó en un primer momento aranceles del 50 % sobre Brasil en represalia por el juicio en el que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por tramar un golpe contra Lula, según justificó entonces el propio dirigente republicano.

Esa tarifa del 50 % acabó revirtiéndose tras una serie de contactos de alto nivel entre Lula y Trump.

Los nuevos aranceles han reavivado los roces entre ambos países en pleno año electoral, en el que Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo ante el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro.