El ministerio de Exteriores señaló en un comunicado que solicitó "información oficial que permita establecer si existe una decisión de concesión de asilo político" a García Linera "y, de ser el caso, conocer su naturaleza jurídica y alcance".

Además, mencionó que Bolivia "reconoce y respeta las decisiones de otros Estados en materia de protección internacional, en el marco de las normas y principios del derecho internacional".

García Linera y el expresidente Evo Morales (2006-2019) afrontan una investigación por su presunta responsabilidad durante un operativo policial en un hotel de Santa Cruz, en abril de 2009, que dejó tres extranjeros muertos y otros dos detenidos.

"Estoy en México y tengo asilo político en México", respondió escuetamente García Linera a una consulta de EFE desde La Paz, sin dar más detalles.

Es la segunda vez que García Linera, quien fue vicepresidente de Morales, se encuentra asilado en México. El 12 de noviembre de 2019, ambos llegaron al país norteamericano con ese estatus, tras renunciar dos días antes en medio de la crisis posterior a las elecciones generales fallidas de ese año.

La fuerza opositora Libre presentó en octubre pasado a la Fiscalía una acusación con la que busca iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera, para que respondan por las "ejecuciones sumarias" y posteriores "detenciones ilegales" y "torturas" por el llamado caso terrorismo.

La investigación se encuentra en curso después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio luz verde a la actuación fiscal la semana pasada.

Al respecto, la Cancillería de Bolivia indicó que la condición de asilado "no implica" la suspensión de investigaciones fiscales ni de procesos judiciales iniciados en su territorio.

El llamado caso terrorismo se refiere a una operación policial efectuada en abril de 2009 en un hotel en la ciudad oriental de Santa Cruz donde murieron tres extranjeros y fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.

El Gobierno de Morales acusó a todos de integrar una célula terrorista que supuestamente pretendía separar Santa Cruz de Bolivia y atentar contra el entonces presidente.

En 2015, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado y, tras cumplir sus penas, abandonaron Bolivia y denunciaron al Estado ante organismos internacionales.

El caso se cerró en 2020, después de que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) levantara los cargos contra los acusados.

En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que concluyó que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos de los 39 afectados en el proceso.