El documento, titulado “Comentarios Ejecutivos Preliminares sobre los Proyectos de Ley de Creación del Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos y del Ente Regulador de Energía de la República del Paraguay”, fue elaborado por el consultor Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano en Ciudad de México, en agosto de 2026.

Se trata de un “documento de trabajo para discusión técnica”, en versión preliminar, preparado específicamente para el Banco de Desarrollo Interamericano (BID). El texto, de 89 páginas, analiza en paralelo los dos proyectos de ley que buscan crear un Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos y el Ente Regulador de Energía (ERE).

El análisis parte de una premisa: la reforma institucional no debe limitarse a una reorganización administrativa, sino responder a una necesidad concreta de seguridad energética, ante una demanda eléctrica que, según cifras de la ANDE citadas en el propio documento, creció 18,3% en 2023-2024 y llevó la demanda máxima de potencia a 5.027 MW.

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Una cláusula de “no instrucción”

El corazón del informe es una advertencia sobre la independencia real del ERE. El artículo 5 del proyecto de ley ya reconoce autonomía técnica, normativa y presupuestaria para el nuevo ente. Sin embargo, el consultor sostiene que esa independencia “formal” no equivale a independencia “efectiva”.

Para cerrar esa brecha, el documento propone incorporar un texto puntual a la ley: “Ninguna autoridad, entidad pública o privada podrá impartir instrucciones al ERE sobre decisiones particulares, procedimientos administrativos, actuaciones de fiscalización, procesos sancionatorios, resolución de reclamos o controversias, fijación o aplicación de metodologías regulatorias”, ni sobre ningún otro asunto de su competencia.

El informe aclara que esa cláusula no impediría al futuro Ministerio fijar lineamientos generales de política ni coordinar acciones con el ente. Lo que busca es evitar que la política de coyuntura interfiera en resoluciones técnicas individuales del regulador.

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Cuestiona la estabilidad del Directorio del ERE

El proyecto de ley prevé un Directorio de tres miembros titulares y tres suplentes, con mandatos de seis años y renovación escalonada de un integrante cada dos años, designados por el Presidente de la República por concurso público.

El documento advierte que esa sola disposición no garantiza que el escalonamiento se cumpla en la práctica. Señala que la ley debería prever expresamente qué ocurre si el Poder Ejecutivo demora una designación, si se produce una vacancia definitiva o si coinciden varias vacantes a la vez, para evitar que el organismo quede debilitado por inacción del propio Estado.

ANDE, en el centro de la discusión

El informe es enfático en un punto: el ERE no debe percibirse como una herramienta para debilitar, privatizar o desintegrar a la ANDE. Por el contrario, sostiene que una regulación independiente puede ayudar a transparentar costos e ingresos de la estatal y proteger su función de servicio público.

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Entre las recomendaciones de prioridad alta, el documento pide adoptar una política estatal de propiedad para ANDE, con gobierno corporativo profesionalizado, autonomía de gestión y mecanismos de rendición de cuentas. También reclama identificar, cuantificar y financiar de manera transparente las obligaciones de servicio público y los subsidios que hoy recaen sobre la empresa sin una compensación explícita.

Apertura de mercado gradual

Sobre el modelo de mercado, el documento se inclina por una transición cautelosa. Recomienda mantener, en el corto plazo, un esquema de “comprador único fortalecido”, con ANDE como actor central y con incorporación de generadores privados mediante licitaciones y contratos de largo plazo.

Una apertura más amplia, hacia compras directas o usuarios libres, debería llegar “de manera gradual”, únicamente una vez que el ERE esté operativo y existan reglas claras sobre acceso a redes, peajes, respaldo y protección frente a subsidios cruzados, plantea el informe.

Otro eje del documento es la separación contable regulatoria de ANDE por actividad: generación, transmisión, distribución y comercialización. El texto aclara que esa separación “no equivale a privatización ni a desintegración corporativa”, sino que es una condición de transparencia para usuarios, inversionistas y el propio Estado.

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Una hoja de ruta con nueve puntos

El informe cierra con una lista de prioridades inmediatas para la implementación de la reforma. Entre ellas: instalar el Ministerio y el ERE con recursos y personal técnico efectivos, garantizar la independencia del regulador mediante reglas de no instrucción, aprobar una Política Energética Nacional, y fortalecer a ANDE mediante gobierno corporativo y gestión de riesgos.

El documento también incluye la integración regional como parte de la seguridad energética del país, en referencia a la evolución del régimen de Itaipú a partir de 2027 y a la necesidad de incorporar escenarios de comercio eléctrico regional en la planificación del sector.