A menos de tres semanas de las elecciones municipales, fijadas para el 4 de octubre, la administración del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), enfrenta fuertes presiones internas y externas para concretar la firma del nuevo contrato colectivo antes del día de los comicios, con los tres sindicatos mayoritarios de la comuna: Sinoema, Simuca y Sitrama.

Fuentes del propio gabinete del intendente, que pidieron el anonimato, confirmaron a este medio que sobre las negociaciones se cierne la constante amenaza de paralización total por parte de la dirigencia sindical como a directivas bajadas desde el comando político del cartismo.

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Desde el entorno municipal admiten que el objetivo principal de ceder ante las exigencias gremiales es evitar un “costo político” mayor para Camilo Pérez (ANR-cartista), candidato oficialista a la Intendencia en los comicios de octubre. ABC intentó obtener la versión del propio intendente, pero no contestó a las consultas a su número con terminación 243.

Desde la Coordinadora de Sindicatos Municipales, que aglutina a seis organizaciones sindicales que fueron dejadas de lado en las tratativas, denunciaron la existencia de estas presiones constantes en los pasillos de la Intendencia para acelerar la firma del documento.

Alerta opositora: Blasco denuncia pacto oculto e ilegalidad financiera

El concejal opositor Humberto Blasco (PLRA), uno de los más críticos a la intención de firmar un nuevo contrato colectivo antes del 4 de octubre, aseguró tener información extraoficial de que el acuerdo laboral ya fue firmado de manera sorpresiva y a espaldas de la Junta Municipal.

El edil aseguró que, pese al rechazo de la mayoría de los concejales al manejo a puertas cerradas, en la Intendencia “hicieron caso omiso y firmaron el contrato ‘entre gallos y medianoches’. No se le integró a los demás sindicatos y hasta la fecha no sabemos el contenido ni los compromisos asumidos”, agregó.

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El concejal advirtió sobre las graves consecuencias financieras, recordando que ya el año pasado, la comuna destinó más del 63% de los ingresos tributarios para el pago de gastos corrientes, con lo que rebasó los límites legales del 60% permitidos por la Ley 508/94.

Blasco advirtió que “le dejan un problemón al gobierno siguiente porque va a tener que incrementar los tributos, o romper el contrato”, lo que los gremios podrán utilizar como instrumento legal para exigir beneficios vía judicial o mediante medidas de fuerza.

Postura gremial: Sinoema defiende el acuerdo ante la Ley del Servicio Civil

Julio Fernández, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema), uno de los gremios firmantes, negó en conversación con ABC que el acuerdo ya esté firmado y señaló que las negociaciones buscan defender conquistas laborales postergadas por más de una década.

El dirigente gremial negó que las conversaciones estén supeditadas a cualquier agenda proselitista, justificando que la urgencia responde a la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores ante la inminente entrada en vigencia de la nueva Ley del Servicio Civil, a partir del año próximo.

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“Nosotros lo que estamos cuidando son los intereses de los trabajadores de la municipalidad de Asunción. En ningún momento se nos pasó por la cabeza si es un momento político o no, pero nosotros no vamos por nuestros tiempos”, afirmó Fernández.

El representante gremial justificó la temporalidad al señalar que “el momento más oportuno para los trabajadores de la municipalidad es antes de las elecciones, porque posterior las elecciones vienen un intendente o intendenta que no conoce el municipio”, con lo que perderían tiempo valioso, “en caso de que no estén incluidos los beneficios de los trabajadores” en el presupuesto 2027.

Antecedentes en la Junta: Denuncia de exclusión y rechazo al apuro electoral

El miércoles pasado, la Coordinadora de Sindicatos Municipales (que nuclea a Sinatram, Sifoma, Uproma, Sintraplasma, Sintratoa y Sitramur) remitió una nota formal a la Junta Municipal para denunciar que el intendente Luis Bello los marginó de la discusión, desatendiendo sus urgimientos enviados desde junio.

Durante el tratamiento de la denuncia en la sesión ordinaria, el pleno aprobó por mayoría una resolución para encomendar al Ejecutivo la inclusión de todas las partes en la mesa de negociación, advirtiendo que excluir sectores vulnera la normativa vigente.

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Concejales de la oposición cuestionaron severamente el apuro de la administración comunal, tildando la maniobra de ilegal e irracional por intentar cerrar acuerdos laborales a puertas de un cambio de gobierno municipal.

Los ediles opositores reclamaron el cese inmediato de las tratativas y exigieron frenar las negociaciones hasta después de los comicios del 4 de octubre, a fin de que sea la nueva administración la encargada de evaluar cualquier compromiso presupuestario.