El acusado en el caso Belia, Hugo Antonio Meza Huespe, afrontará juicio, así lo resolvió el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción Segunda Sala. El mismo es sindicado por la Fiscalía como supuesto testaferro del narcotraficante paraguayo condenado Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular.

La resolución la tomaron los magistrados Arnaldo Fleitas, Silvana Luraghi y Paublino Escobar, en forma unánime, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 111.

El caso llegó a la Cámara a raíz del recurso de apelación planteado por Meza Huespe contra el AI N° 144 dictado por la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía. En dicha resolución, la jueza remitió la causa a la etapa de juicio oral y público, además de sustituir el arresto domiciliario por la prisión preventiva al encausado.

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Según el escrito judicial, Hugo Meza Huespe señaló dos agravios principalmente al recurrir, tales como la afectación al derecho para producir pruebas, en el sentido de que había solicitado la realización de una pericia contable durante el juicio para demostrar su capacidad financiera y la de sus empresas; y la supuesta arbitrariedad en la aplicación de la prisión preventiva.

Es preciso recordar que Miguel “Celular” Servín era investigado en Paraguay en casos abiertos por la Senad, uno de ellos Belia. Pero tras la incautación de una carga de cocaína en Bélgica se inició el caso Swiffer, con el que en 2020 la SIU-Policía incautó 2.906 kilos de cocaína entre carbón vegetal en un puerto de Villeta.

Así, el caso Belia que surgió para indagar la estructura narcotraficante de Miguel Celular pasó a investigar su red de lavado de dinero, de la que según la Fiscalía, forma parte Hugo Meza, y Swiffer quedó para perseguir el tráfico de drogas, de hecho, en este último Celular y Cristian César Turrini, su colaborador, ya fueron condenados.

Camaristas sostienen que no hubo afectación de derechos

El camarista preopinante, Arnaldo Fleitas, señaló que la defensa “alega avasallamiento a su derecho a producir prueba” y al respecto dijo, “no asiste razón al recurrente cuando sostiene que la reformulación de los puntos de pericia importa una afectación al derecho de producir prueba o una restricción a la libertad probatoria”.

Añadió en tal sentido que “la A-quo admitió la producción de la prueba pericial ofrecida por la defensa, disponiendo su diligenciamiento en la etapa de juicio”, pero el acusado se sintió agraviado porque la jueza Montanía reformuló ciertos puntos de pericia.

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Sin embargo, “los puntos de pericia continúan siendo aquellos propuestos por la defensa, con la única diferencia de que fueron reformulados por la Magistrada en ejercicio de las atribuciones”, sostuvo Fleitas.

Ahora, en cuanto a la prisión preventiva, el camarista Fleitas refirió “la decisión no obedeció a una apreciación arbitraria, sino a la nueva situación procesal derivada del avance de la causa y de la calificación jurídica sostenida en el requerimiento conclusivo admitido en la audiencia preliminar”.

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Para Paublino Escobar, la resolución que modifica la medida cautelar al procesado está bien fundamentada pues la magistrada “ha realizado una valoración concreta de las circunstancias particulares del procesado, no limitándose únicamente a la naturaleza del hecho atribuido, sino considerando además aspectos personales que inciden directamente en la evaluación de los peligros procesales”, señalando que ya fue condenado por otro hecho punible.

Además, Escobar hizo mención al peligro de fuga, sobre el que “debe tenerse presente que la evaluación del mismo no requiere la existencia de una certeza absoluta de que el imputado pretenda sustraerse de la acción de la justicia, sino la concurrencia de circunstancias concretas que permitan inferir razonablemente dicho riesgo”.

A su turno, la camarista Silvana Luraghi manifestó adherirse al voto del preopinante, Arnaldo Fleitas.

Cuatro años después se resolvió elevar a juicio el caso Belia

Como derivación del caso Swiffer surgió el caso denominado Belia, en el cual se investigaron los bienes de Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, capturado en 2021. Igualmente se indagó a varias personas de su círculo como supuestos colaboradores del esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Es así que, el 13 de octubre de 2022 el fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta presentó acusación contra Miguel “Celular” Servín, por los hechos de asociación criminal (art. 42) y lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44) por la Ley N° 1.340/88, y también por lavado de activos (art. 196) y asociación criminal (art. 296) del Código Penal.

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Junto con él también fueron acusados su esposa Liz Katherine Lailla Villaba (50), Bruna Regina Martins Morais (33), nueva pareja de Miguel Celular; el supuesto testaferro de Servín, Hugo Antonio Meza Huespe (41), alias HM, y su pareja Maria Silvia Lezcano Monges (42); el hombre de confianza de Miguel Celular, Elvio María Vega Chaparro (34), alias Koki, y Francis Marcelo Rojas Benítez (45), alias Yankee, custodio y secretario de Servín.

La causa quedó posteriormente a cargo del fiscal Luis Amado Said Frágueda a quien coadyuva la fiscala María Irene Álvarez, quien de hecho estuvo en el juicio en el cual fue condenado por narcotráfico Miguel Celular. Ambos representaron al Ministerio Público en la audiencia preliminar que, pudo llevarse a cabo recién 4 años después de presentarse la acusación.

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Dicha diligencia estuvo dirigida por la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, quien inició la misma en febrero y culminó en julio de 2026, cuando por Auto Interlocutorio (AI) N° 144 resolvió elevar a la etapa de juicio oral y público la presente causa conocida como Belia.

Durante la audiencia de la etapa intermedia del proceso, la magistrada rechazó una serie de incidentes planteados por la parte acusada en el caso, como la exclusión de ciertas pruebas, la prescripción de ciertas porciones de hechos, así como el sobreseimiento provisional y sobreseimiento definitivo para los encausados.

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Por esta misma causa, aún está en proceso la audiencia preliminar el exgerente del local de Asunción “Panorama Cambios SA”, Rubén Darío González Cantalappi, el guardia de dicha sucursal, Wilfrido Raúl Caballero Vega, y el chofer de Miguel Celular, Aníbal Ramón Insfrán; mientras que Naida Natalia Meza Huespe, hermana de Hugo Antonio, fue declarada en rebeldía y cuenta con orden de captura.

Operaciones con organizaciones criminales

En cuanto a Hugo Antonio Meza Huespe, desde 2018, el mismo suscribió con Miguel Ángel Servín Palacios y Liz Katherine Lailla Villalba y la firma Lizmi S.A., contratos de compra venta de vehículos, una embarcación, un reloj y un departamento. Los mismos fueron extendidos hasta octubre de 2021.

La esposa de Hugo Meza, María Silvia Lezcano Monges, también sacó beneficios de la relación de su marido con Servín, pues mediante las operaciones realizadas por el esquema a través de las empresas manejadas por Hugo, como en las que es accionista, entre ellas Trigón S.A. y Al Frente Import Export S.A, obtenía réditos de otras o realizadas por su marido como la compraventa de vehículos con miembros identificados como parte de facciones criminales del PCC y el Comando Vermelho (CV), según el escrito conclusivo.