El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, a través de su cuenta “X” acusó a algunas ONG, “especialmente aquellas dirigidas por sectores opositores a la ANR”, que se benefician en detrimento de las personas a las que supuestamente ayudan.

Indicó que ello se observa en diversos ámbitos como en comunidades indígenas, emprendedores y aquellas que buscan “influir en la gobernanza de manera inconstitucional”.

“Organizaciones como Alma Cívica (vinculada a Soledad Núñez) y Semillas (liderada por Martha Ferrara), que se involucran en el ámbito electoral, así como ONGs que combaten la corrupción y promueven la transparencia, a menudo priorizan sus propios intereses financieros en lugar de abordar efectivamente las necesidades de los sectores que dicen representar”, afirmó.

Según Núñez estas entidades claman por transparencia, pero a menudo carecen de la misma en su funcionamiento.

Comisión “garrote” busca instalar que las ONG apeligran la democracia

El cartismo ataca en dos frentes a las ONG, a través del proyecto de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro. La norma cuenta con aprobación del Senado y en Diputados está al borde de la sanción automática, cuyo plazo vence el 9 de octubre.

El otro frente es la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) “antilavado” conocida como comisión “garrote”, cuyo tema principal son las ONG.

La organización Semillas para la Democracia respondió el pedido de informes requerido por la Comisión Bicameral de Investigación o “garrote” y en el último párrafo manifiesta que ninguna de las erogaciones que han realizado con fondos provenientes del contrato que tienen con la USAID tuvo como beneficiario a candidato alguno a cargos electivos en las últimas elecciones.

En la nota dirigida al senador expulsado del PLRA, Dionisio Amarilla, dejan constancia de las documentaciones respondidas, pero señalan que si la comisión quiere obtener mayor información debe recurrir a la agencia de cooperación responsable, en este caso a la USAID. También aclara que información sobre contratos firmados entre particulares y la información tributaria de los mismos están amparados bajo la Constitución Nacional, salvo expresa autorización legislativa y judicial.