El pedido fue presentado ante la Junta Municipal de Ayolas mediante un escrito rubricado por el excandidato a intendente de este distrito por el Partido Liberal, Eugenio García, y el poblador del barrio San Antonio, Cándido Melgarejo. El documento ingresó oficialmente el 10 de noviembre de 2026, durante la primera sesión ordinaria del cuerpo legislativo correspondiente al periodo 2026-2031.

En la nota dirigida a la presidenta de la Junta Municipal, Rossana Villalba (ANR), los solicitantes plantean que la auditoría requerida por el intendente José Mutti (ANR-Añetete) a la Contraloría General de la República (CGR) para verificar las finanzas de la Municipalidad de Ayolas incluya obligatoriamente la inspección física de las obras ejecutadas..

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Los firmantes advierten que una revisión exclusivamente documental o de gabinete podría prestarse a un “blanqueo administrativo”, debido a que los registros en papel no garantizan que las obras hayan sido efectivamente realizadas ni que cumplan con las condiciones establecidas en los contratos.

Como fundamento de su planteamiento, invocan los artículos 28 y 38 de la Constitución Nacional, relacionados con el derecho de petición y la participación ciudadana en los asuntos públicos y el control ciudadano. También mencionan la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal, la Ley Nº 276/94 Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley Nº 5282/2014 de Libre Acceso a la Información Pública.

En el escrito, sostienen que “es fácil documentar una obra en papel, pero muy diferente es verificar si esa obra realmente existe, si tiene los metros pagados, si tiene la calidad contratada y si fue terminada”.

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Entre las principales exigencias, los pobladores solicitan que la auditoría abarque todas las obras ejecutadas con fondos municipales, royalties, Fonacide y transferencias correspondientes tanto a la administración actual como a la anterior.

Asimismo, piden comprobar las mediciones reales, la calidad de los materiales, la existencia de base, cordón cuneta y badenes, además de verificar la terminación y el estado actual de cada obra. Para respaldar las inspecciones, proponen incorporar registros fotográficos y actas firmadas por los vecinos.

Otro de los puntos planteados consiste en comparar lo constatado físicamente con los montos abonados según los contratos y certificados de obra, a fin de determinar posibles diferencias económicas.

Finalmente, solicitan que los resultados de la auditoría sean remitidos a la Junta Municipal, a la ciudadanía y al Ministerio Público, en caso de detectarse perjuicios patrimoniales.

Los peticionantes recalcan que una auditoría sin verificación presencial quedaría incompleta y podría terminar validando proyectos que solamente existen en los documentos.

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