El dirigente social y abogado Gabriel Alfonzo señaló que, junto con un grupo de personas, reimpulsarán la construcción del Hospital Distrital de Ayolas, obra proyectada en 2014, pero que nunca se concretó. Al mismo tiempo, manifestó su rechazo a la continuidad del convenio de integración entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS), al considerar que el sistema fracasó y no responde a las necesidades de la población.

En ese sentido, Alfonzo señaló que una vez culminadas las elecciones municipales se estaría conformando una coordinadora para exigir la construcción del nuevo centro asistencial. La obra que en su momento debía ser financiada con recursos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) fue dejada de lado por administraciones anteriores para dar paso a la fusión de servicios entre ambas entidades.

Además, dijo que la integración de los servicios fue rechazada desde un principio por muchos pobladores porque consideraban que no era beneficiosa para los usuarios. “El tiempo nos dio la razón a quienes nos opusimos desde el principio. Este sistema no funciona”, afirmó.

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Saturación, falta de especialistas y desigualdad en la atención

Al mismo tiempo, el dirigente mencionó que la carencia de insumos, equipos y profesionales permanentes, en especial en oftalmología, traumatología, cardiología y otorrinolaringología, obliga a derivar pacientes a otras ciudades.

“El convenio genera desigualdades. Los asegurados del IPS, que aportan recursos millonarios, entre ellos funcionarios de la propia EBY, encuentran cupos agotados para turnos y estudios. Cuando faltan medicamentos en el IPS, los de Salud Pública se entregan; a la inversa, no ocurre lo mismo”, denunciaron.

A esto se suma el traslado forzoso de pacientes y la inoperatividad de equipos como el de radiología, afectando no solo a ayolenses, sino también a pobladores de zonas de Ñeembucú e Itapúa.

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Antecedentes

En abril de 2014, la EBY anunció que donaría un terreno en el Núcleo 2 y financiaría la construcción del nuevo hospital, ya que el edificio donde funcionaba el centro de salud en el barrio San José Mí estaba en zona inundable y no podía ampliarse.

En septiembre de 2016, en lugar de construirse el nuevo edificio, se firmó el convenio que dispuso el cierre del Centro de Salud del barrio San José Mí, ubicado a dos cuadras del río Paraná, para unificar la atención en el edificio del IPS. La medida afectó a más de 6.000 familias de escasos recursos, incluyendo pobladores de islas y zonas alejadas.

Entre 2017 y 2018, tras la fusión, pobladores de San José Mí realizaron manifestaciones reclamando la reapertura del servicio. Denunciaron que pasaron de tener atención las 24 horas, los 7 días de la semana, a contar solo con cobertura limitada de 7:00 a 15:00, de lunes a viernes. Las emergencias ya no podían atenderse en el barrio y debían trasladarse al hospital unificado.

Los vecinos advirtieron que “IPS no es para los pobres” y que la población sin cobertura quedó desprotegida. Las protestas no lograron revertir el cierre.

En enero de 2020, asegurados de Ayolas plantearon al entonces presidente Mario Abdo Benítez que “si la fusión no funciona, debe ser anulada”. En esa ocasión también denunciaron escasez de medicamentos, camas y turnos. En abril de 2026, se registraron nuevas denuncias por desabastecimiento de fármacos básicos en la farmacia del IPS; pacientes deben comprar en farmacias privadas.

En junio de 2026, usuarios del Hospital Integrado señalaron que la integración “unificó las carencias”: hay UTI, pero sin cardiólogo ni equipo de ecocardiograma.

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