Greenpeace México y el colectivo ¡Aquí No! protestaron en el Zócalo de Ciudad de México para exigir la cancelación de la instalación, que tendría capacidad para producir 2.200 toneladas métricas de amoniaco al día y se desarrolla junto a la bahía de Ohuira.

La movilización coincidió con los 100 días de un plantón contra el proyecto y el inicio de una nueva revisión técnica federal prevista del 7 al 11 de septiembre.

Felipe Montaño Valenzuela, vocero de ¡Aquí No! y gobernador tradicional de la comunidad indígena Mayo-Yoreme de Ohuira, sostuvo que las consultas realizadas anteriormente no fueron "previas, ni de buena fe, ni bien informadas ni culturalmente adecuadas", y afirmó que comunidades originarias directamente vinculadas con la bahía no otorgaron su consentimiento.

El colectivo cuestionó además que el ejercicio mencionado por el Gobierno mexicano pueda considerarse una autorización social específica para la planta de amoniaco y aseguró que las mesas recientes con autoridades y la empresa no modifican su rechazo.

"Nosotros estamos respetando el diálogo de las mesas", afirmó Montaño, aunque advirtió que eso no significa aceptar el proyecto y sostuvo que los estudios y ajustes técnicos terminarán por demostrar, a juicio de las comunidades opositoras, que la instalación no es viable.

Greenpeace y ¡Aquí No! alertaron también de los posibles efectos de una fuga de amoniaco.

Según el comunicado de las organizaciones, que atribuye los cálculos a la Manifestación de Impacto Ambiental elaborada por la propia empresa, un escape de cinco minutos podría resultar mortal en un radio de 15 kilómetros y uno de 15 minutos tendría un alcance de 45 kilómetros.

Las organizaciones sostienen además que el proyecto amenaza humedales de relevancia internacional, especies protegidas y un territorio considerado sagrado por comunidades Mayo-Yoreme, así como actividades tradicionales como la pesca.

Sheinbaum, interrogada este lunes sobre la protesta, sostuvo que la planta "ya tiene un avance muy importante" y recordó que durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se realizó una consulta en la que, dijo, las comunidades votaron a favor.

La mandataria aseguró que desde hace unos tres meses equipos de las secretarías de Medio Ambiente y Gobernación, junto con otras dependencias, celebran asambleas para escuchar a la población y revisar tanto compromisos incumplidos por la empresa como posibles impactos ambientales.

"La decisión no está tomada", afirmó Sheinbaum, aunque precisó que la planta "sigue" y no ha sido cancelada.

La presidenta señaló que el Gobierno busca garantizar que la laguna no se contamine y revisar los estudios ambientales para determinar los impactos y las medidas para evitarlos, reducirlos o mitigarlos.

Frente a esa postura, Greenpeace y ¡Aquí No! sostienen que modificar ahora la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo no resuelve las objeciones que mantienen desde hace más de una década y reclamaron al Ejecutivo cancelar definitivamente el proyecto.