Durante el inicio de la audiencia preliminar del exintendente Miguel Prieto Vallejos y otros procesados, el fiscal Silvio Corbeta, en representación del Ministerio Público, se ratificó en todos los términos de la acusación. Afirmó que el exjefe comunal y los funcionarios causaron un gran perjuicio económico a los bienes municipales al adjudicar un millonario monto de dinero para la compra de kits de alimentos por la vía de la excepción, durante la pandemia del Covid-19.

Según la investigación, durante la pandemia del 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000 mediante una licitación por excepción direccionada a la firma proveedora.

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Además del exintendente Miguel Prieto Vallejos, están acusados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, José Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez. Todos enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal, en el marco de un proceso penal por la compra de kits de alimentos que fueron distribuidos durante la pandemia.

Durante la audiencia, Corbeta afirmó que la empresa Tía Chela no contaba con la capacidad necesaria para dar cumplimiento al monto de la licitación. Detalló que, a través de la trazabilidad realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación, se determinaron inconsistencias en las facturas, ya que las compras de los kits fueron realizadas con posterioridad a las fechas de recepción que figuran en la documentación oficial de la Municipalidad de Ciudad del Este, por lo que concluyó que la empresa no contaba con los productos al momento de ser adjudicada.

“El Ministerio Público cuenta con suficiente material probatorio de que los mismos procedieron al pago por estas mercaderías, en su parte inexistentes, colaborando así con el intendente municipal, el señor Miguel Prieto, en la causación del perjuicio en detrimento del patrimonio institucional”, dijo.

En otro momento, el representante del Ministerio Público afirmó que la adjudicación se habría realizado de forma indebida por la vía de la excepción, pues considera que la compra de alimentos no revestía la urgencia argumentada.

Medida cautelar para los once procesados

Igualmente, solicitó al juzgado la admisión de todas las pruebas ofrecidas y la elevación a juicio oral y público de la causa con relación a los once procesados, para quienes pidió la aplicación de medidas cautelares con el fin de garantizar el sometimiento de los mismos al eventual juicio, considerando la conducta obstructiva que tuvieron durante el proceso.

Entre las medidas cautelares solicitó la comparecencia mensual de los procesados, la prohibición de salida del país y una caución real adecuada, como medidas alternativas a la prisión preventiva. Con relación al señor Miguel Prieto, solicitó la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este.

La respuesta de Miguel Prieto

Por su parte, los abogados de Miguel Prieto y los demás acusados presentaron una serie de incidentes y pedidos de nulidad. “Mi defensa pidió la desestimación de la causa por inconsistencia, porque la Fiscalía no está fundamentando la acusación. La Fiscalía no está pudiendo sostener su propia acusación, que es algo que nosotros venimos repitiendo hace bastante tiempo”, aseguró.

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Igualmente, el exjefe comunal afirmó que la presión sobre el sistema judicial disminuyó, por lo que considera que saldrán bien librados del proceso. “El sistema consiguió lo que quería, que es quitarme la municipalidad. Creo que también ayudó la gran victoria que tuvimos en Ciudad del Este. Obviamente, eso político no es jurídico, eso no me hace inocente, pero la ciudadanía dio su mensaje. Estamos bastante tranquilos, estamos confiados en que todo va a salir bien al final”, finalizó.

La audiencia preliminar quedó en un cuarto intermedio y proseguirá mañana.